¿Qué esperan?
Martha Chapa
Pasaron ya días, semanas y meses desde que empezamos a tener información concreta y verificada acerca de la escandalosa corrupción de varios gobiernos estatales del país: desvíos de recursos públicos, negocios ilícitos o tráfico de influencias, lo mismo en Sonora que en Veracruz, Quintana Roo o Chihuahua. De seguro que esos no son los únicos casos, pero sí son los que se han documentado de manera fehaciente.
Eso nos lleva a pensar que habría que conocer en cada una de las entidades en cuestión la situación patrimonial de los gobernantes entrantes, así como la de su familia y amigos cercanos. Así más adelante se podría evitar que lleguen a encubrir grandes fortunas enmascaradas a través de la propiedad indirecta o los llamados prestanombres. Es decir, no hay que limitarnos a exigir que presenten su declaración 3 de 3 sino ir a más.
Es más, considero que aparte de averiguar a fondo a los que salen o están por entrar a gobernar en los estados ya citados, habría que mirar más allá y aplicar la regla en cada una de las entidades donde se realizaron elecciones este año. Un proceso que abarque el antes, el durante y el después.
Por lo pronto, contamos no sólo con pruebas palmarias de irregularidades y mal manejo de los recursos en varias entidades, sino también con testimonios de graves faltas en el plano de la legislación referente a las responsabilidades de los servidores públicos, que ameritan castigos y hasta pueden derivar en sanción penal. Me refiero, sí, al campo de la ineptitud y la omisión.
El punto es que las acciones del Poder Judicial van lentas y no debemos olvidar que también esas demoras se pueden constituir en faltas ya bien tipificadas en el marco jurídico vigente.
La información acerca de los procederes fraudulentos de los gobiernos mencionados antes, en particular en el caso de Veracruz, pero no solamente, se ha dado a conocer de manera profusa. Las promesas de que se investigará y sancionará en su caso, también han ido y venido. Sin embargo, ha pasado ya un tiempo considerable y no vemos la necesaria voluntad política para proceder contra quien haya cometido esos abusos, esas malversaciones, esos robos del dinero público –que es el dinero de los ciudadanos–, que ameritan la destitución e incluso la acción penal.
Urge, entonces, en todos sentidos, actuar y sentar precedentes para que el fraude y el enriquecimiento ilícito dejen de ser prácticas de gobierno extendidas y habituales.
Si de verdad se quiere que los políticos y funcionarios recompongan su prestigio ante la ciudadanía, desde el presidente hasta el más modesto de los servidores públicos, ha llegado llegó la hora. Cualquier tiempo que transcurra sin su testimonio y decisión será irreversible para efectos no sólo de su juicio histórico sino de su credibilidad hoy.
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