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Hasta cuándo
Martha Chapa

Más de dos años han transcurrido desde que se registró la tragedia nacional de Ayotzinapa. La herida sigue abierta y duele con el dolor acumulado de más de 25 meses de incertidumbre e indignación.
Al paso de los meses y los años se han imbricado indagatorias judiciales, análisis forenses e hipótesis opuestas, sin que hasta el momento se haya aclarado la incomprensible y angustiosa desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa aquella infausta noche.
El asunto ha tenido repercusiones más allá de nuestras fronteras y ha conducido a la intervención de instituciones internacionales, que incluso se han sumado a las investigaciones para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos en ese terrible –y aún incomprensible– 26 de septiembre de 2014. Es el caso de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que envió a un grupo de expertos que estuvo trabajando durante meses en nuestro país para tratar de conocer el destino de los muchachos detenidos, secuestrados y desaparecidos.
Aun así, ha sido en verdad desesperante el proceso, pues a más de dos años deberíamos saber ya qué fue lo que ocurrió, cuál fue la suerte de los jóvenes estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos y quiénes fueron los responsables de su desaparición forzada.
¿Cómo es posible que después de tantísimas indagaciones, de decenas de detenidos y cientos de interrogados, no sepamos dónde están los jóvenes y ni siquiera cuál fue el verdadero sitio del crimen, o si fueron varios los escenarios en aquella noche horrenda? Y como ésta, hay muchas otras preguntas sobre el caso que aún no tienen respuesta. Por supuesto, de nada han servido las renuncias y relevos de funcionarios: seguimos en las mismas.
No puede ni debe un asunto público de tal importancia pasar por encima de nuestras instituciones, de los poderes establecidos, del propio presidente de la República, de los demás poderes de la Unión y de la sociedad misma.
En este lapso tan extendido se han generado todo tipo de versiones, rumores y acusaciones que involucran a funcionarios, policías y militares, además de a integrantes de la delincuencia organizada.
El resultado ha sido un laberinto de confusiones y contradicciones que debe resolverse ya, a fin de que la verdad se abra paso con la transparencia de los hechos. Debe conocerse en detalle lo sucedido, las causas de que así ocurriera y, desde luego, la identidad de los responsables. Y, de ahí, su detención, proceso y consecuente castigo.
No podremos avanzar como una sociedad comprometida con la justicia y la paz si no logramos llegar al fondo de los hechos y si no demostramos que somos capaces de aclarar asuntos tan graves para luego proceder conforme a la ley.
Por eso, debemos decir: no más prórrogas y aplazamientos ni dilaciones, pues la ciudadanía, la sociedad civil en su conjunto, exige a las autoridades el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
A más de dos años podemos decir que está sonando la segunda llamada. Nadie quiere que sobrevenga una tercera llamada, con consecuencias aún más graves y, quizá en otra medida, hasta irreversibles.

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