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Aquiles González Navarro
ANTICORRUPCIÓN: ¿EN SERIO?
En tanto yo elaboro mi colaboración sabatina para este diario, en el local que ocupa el Palacio de Justicia del Poder Judicial, el Gobierno del Estado presenta su llamado “Plan Estratégico Anticorrupción”.
No aparece en medios invitación alguna a los ciudadanos a tan importante evento, desconociéndose inclusive quienes integrarán tan selecto auditorio. Me entero sobre la presentación del Plan Estratégico Anticorrupción a través del comentario de la columna “La Jiribilla” del periódico La Jornada, donde “Refranero” expresa desconocer detalles del acto, de la propuesta y de los convocantes.
A pesar de la falta de apertura a los zacatecanos sobre un tema que a todos interesa y que ha sido y es motivo de preocupación y en muchas ocasiones de irritación, es loable la presentación de una iniciativa sobre el tema que, junto con el de la inseguridad, es imprescindible atender para una solución eficaz a la de ya.
Por mi parte, en una sana intención de ofrecer una crítica propositiva, considero que una alternativa real para acabar con eficacia la corrupción que coloca a nuestro país en un vergonzoso lugar internacional, debe cubrir los siguientes enunciados:
-El órgano que se encargue de la fiscalización  y auditoría de los recursos públicos, debe tener autonomía plena y para ello debe surgir de algún mecanismo de selección, cuyos miembros sean garantes de libertad en sus determinaciones.
-Las cuentas públicas del órgano fiscalizador, no pueden ser revisadas y menos aprobadas o desautorizadas por los diputados. En el esquema actual, son los diputados quienes revisan las determinaciones de la Auditoría. Se constituyen en auditores sin tener los conocimientos al respecto. Lo más grave es que las cuentas públicas entran al campo de la negociación político-partidista: de los perdones y las aprobaciones. Quitar estas atribuciones a los diputados es imprescindible si de honestidad, imparcialidad y de auténtico combate a la corrupción se trata.
- La revisión de las cuentas públicas, no implica solamente verificar la certeza de inversiones en determinada obra o proyecto, también y previo a la inversión, la prioridad sobre otras necesidades, así como la calidad de la obra. ¿Eran prioridad las inversiones que el gobierno de Miguel Alonso hizo sobre las glorietas del Centenario? ¿Eran prioridad los 14 millones invertidos en la alcoba de Alonso?
-La revisión de cuentas públicas debe alcanzar a los tres poderes, a los partidos y, en general a todo organismo o persona física a quien le sean liberados recursos públicos: Universidades, Colegio de Bachilleres, Tecnológicos, Comisión de Derechos Humanos, etc.
-El órgano fiscalizador debe contar con facultades jurisdiccionales, de manera tal que esté en posibilidad de ejecutar sus determinaciones. Trabar embargo sobre bienes del auditado es imprescindible si de justicia tributaria se trata.
-Y, lo más importante: La decisión inequívoca de acabar con la impunidad. No se requieren infinidad de reglamentos ni comisiones ni comisionados, ni zares anticorrupción. La sola aplicación del Código Penal sería suficiente. En tal tesitura: ¿Estará dispuesto el gobernador Tello a proceder en contra del ex gobernador Miguel Alonso, de quien se habla de un desvío por arriba de los 7 mil millones? Habrá voluntad para el embargo de bienes, algunos muy identificados en Malpaso,  en Las Chilitas y en el Centro Histórico de la capital?
Con el nuevo Sistema de Justicia penal, ni siquiera se requiere el encarcelamiento. Con el hecho que reintegre lo desviado es más que suficiente.
Entonces y, sólo entonces los zacatecanos podremos creer en las firmes intenciones de acabar y erradicar la corrupción.
ESPIRAL DE VIOLENCIA
“Asesinan a tres mujeres y a un taxista”. Cabecea “la Jornada” Zacatecas el día de ayer.
Así como el mejor remedio para acabar y erradicar la corrupción es la aplicación del Código Penal, de igual manera lo es para disminuir y frenar la espiral de violencia.
El fenómeno de la impunidad es la causa principal de la inseguridad. Haga usted el recuento de homicidios por año en Zacatecas y revise en los archivos del Poder Judicial del Estado el número de juicios orales o de procedimientos abreviados por tal ilícito y se entenderá la dimensión de impunidad en nuestra entidad.
Es urgente una fuerte inversión en las áreas de procuración de justicia y servicios periciales. El salario de los agentes del Ministerio Público debe homologarse al de los jueces. Igual el salario de los peritos.
Urge revisar los mecanismos de investigación: Todo homicidio debe ser profundamente investigado, trátese o no de una aparente vinculación con delincuencia organizada.
Valdría la pena el rescate del cuerpo de 50 policías de investigación formado durante el gobierno de Ricardo Monreal y que fue capacitado por policías judiciales franceses e inexplicablemente desaparecido en el gobierno de Amalia García.
A menor impunidad mayor seguridad.
Lo anterior sin descartar medidas preventivas y sociales  como rehabilitación de adictos, creación de fuentes de empleo, vigilancia efectiva y disuasión.

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