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Diputados corruptos e impunes
Martha Chapa

Como dice la letra de un conocido tango: la historia vuelve a repetirse.
No me refiero, por desgracia, a algún relato de amor y desamor, como en la canción argentina, sino a la escandalosa reincidencia del Poder Legislativo mexicano en sus abusos y despilfarros, que son descaradamente recurrentes.
Porque está visto que los legisladores federales se consideran dignos de un trato de excepción, como si vivieran fuera de nuestra realidad. No sólo son incapaces de establecer equilibrio y complementariedad respecto de los otros poderes de la Unión –el Ejecutivo y el Judicial–, sino que alimentan en su seno los desenfrenos y el descontrol.
Lo constatamos hoy, de nueva cuenta, en el renglón presupuestal; específicamente en lo que se refiere a los procesos de adquisición de bienes y servicios. Y son los partidos políticos, en connivencia con sus respectivas fracciones parlamentarias, apoyadas por las posiciones que tienen en la estructura administrativa y financiera de los órganos camerales, quienes se despachan con la cuchara grande los recursos públicos de manera discrecional, descarada e inmoral.
Con conductas tan reprobables, nuestros sedicentes representantes populares una vez más dan la espalda a los ciudadanos.
En casos como el que nos ocupa hoy, se constata ese doble discurso, falso e hipócrita, de una supuesta lucha contra la corrupción.
En esta ocasión se trata de 1,100 millones de pesos que se autoasignan PAN, PRI y PRD sin licitaciones públicas, lo mismo para servicios personales que para materiales, suministros, equipos, sistemas de computación, muebles e inmuebles.
Se trata de una viciosa y viciada práctica que, como sabemos, se ha arraigado desde hace varias décadas y mina cada día más el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para decirlo con claridad, los legisladores hacen uso indebido de nuestros impuestos, y esto resulta imperdonable en un país con tan enorme y palpable pobreza y tan necesitado de recursos, que siempre resultan insuficientes, para rubros esenciales como la educación, la salud o los servicios urbanos.
De manera casi simultánea, en fechas recientes el Legislativo federal protagonizó un escándalo con la compra de autos eléctricos en el caso del PRD, y camionetas por lo que toca al PAN. Unos y otros vehículos, adquiridos con el aval de los dirigentes de esas fracciones partidistas, terminaron estacionados y subutilizados.
Ante esta realidad insoslayable, brotan de manera casi automática algunas preguntas básicas:
¿Hasta cuándo continuarán estos abusos descarados de los legisladores a costa de los ciudadanos? ¿Quién podrá parar tanta corrupción e impunidad?
Son preguntas que ahí quedan y que, aunque de manera tardía, podrán responderse mediante la participación directa de la sociedad civil, incluso quizá para protestar ahí mismo ante las instalaciones de la Cámara y, sobre todo, para perseverar en la demanda de que se juzgue y castigue a tan irresponsables legisladores. Esperemos que se sancione de manera específica a cada uno de los que han abusado, y que también reciban la reprobación ciudadana a través del voto de castigo en las elecciones.
¡Qué desvergüenza de esos seudorrepresentantes, que en épocas de menor cinismo seguramente avergonzarían a sus propias familias y a los ciudadanos que les dieron su voto.
Habrá que condenarlos en público y en privado. Es lo que nos queda a los ciudadanos mientras hallamos la manera de cortar de tajo y para siempre tales excesos, que se convirtieron ya en un horrendo y pernicioso cáncer social.

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