Betty Luevano
Gobierno de Zacatecas, la región más transparente.
Ateniéndonos al sentido estricto del concepto de transparencia como política pública enmarcada dentro de la rendición de cuentas, tendiente a la construcción de confianza social en el ejercicio del gobierno, la auto proclamación del que encabeza Alejandro Tello, de ser "la administración más transparente" resulta, además de jactanciosa, falaz.
La semana anterior, el gobierno estatal fue reconocido por la revista U-Gob, que se dedica a evaluar las tecnologías de la información gubernamental, con el primer lugar de su ranking de portales estatales de transparencia, lo que bastó para que inmediatamente la actual administración comenzará a cacarear semejante distinción en todos los medios.
Una reacción predecible en todo gobierno con logros medianos, o escasos, alcanzar cualquier primer lugar, así fuera el de las placas automovilísticas más coloridas de la región, cuando en los renglones básicos de la administración -seguridad, empleo, educación, por citar algunos-, no se logran ni la media de los objetivos trazados.
Para ser precisos, ese primer lugar no es propiamente en transparencia gubernamental, sino en la funcionalidad de un portal electrónico de información, sin dejar de mencionar que el multi divulgado galardón se ve opacado por la reprobación de Zacatecas en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas que recién publicó la consultora ARegional.
Otro sesgo en el tema es el acceso real de los gobernados a la información que el gobierno quiere publicar y considerando que el nivel de conectividad a internet en México aún es muy bajo -situándose este año a penas por arriba del 50 por ciento de la población-, es necesario incrementar esos niveles para comenzar a hablar de verdadera nitidez.
La transparencia no se reduce al cumplimiento de un mero requisito de ley creando portales electrónicos para "taparle el ojo al macho".
Hay elementos que restan importancia y seriedad a este primer lugar, como el aún fresco asunto de la nómina secreta de la administración de Miguel Alonso en la que varios funcionarios vigentes salieron exhibidos y la forma en que le dio la vuelta al asunto el actual gobernador con el "bono de productividad" dirigido a funcionarios públicos, cuyos criterios, además del tema en sí, son por demás cuestionables.
La mejor manera de generar confianza pública en el gobierno es dando resultados tangibles, especialmente en áreas prioritarias; reducir la incertidumbre en el funcionamiento de la gestión pública generando canales de participación efectiva para que la sociedad intervenga en la toma de decisiones, sin tener que recurrir a despilfarrar los de por sí raquíticos recursos del estado pagándole a consultoras para que nos premien por nimiedades.
