MILITARIZACION IMPARABLE
Ricardo Monreal Ávila
Cuando usted esté leyendo estas líneas es muy probable que ya se haya aprobado la controvertible Ley de Seguridad Interior, que de forma y de fondo, de jure y de facto, legaliza la militarización de la seguridad en el país. Este legado se lo debemos al PRI y sus aliados en las cámaras legislativas.
Desde que inició la fallida guerra contra el narcotráfico hace 12 años, los militares han pedido que se apruebe el marco legal bajo el cual ellos salen de los cuarteles a cumplir con tareas de seguridad pública o policial. Algo que la legislación vigente no tiene contemplado.
Desde entonces también está la presión de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, para evitar que esa ley se apruebe.
Argumentan las siguientes razones: 1) otorga a las fuerzas armadas facultades de policía, como permitir acciones preventivas a su criterio; 2) no estipula controles ni protocolos para verificar el respeto a los derechos humanos en sus actuaciones; 3) permite a las fuerzas armadas intervenir contra protestas sociales si consideran a su criterio que no son pacíficas; 4) regulación deficiente del uso de la fuerza, ya que contempla protocolos deficientes y no supervisados; 5) obstaculiza la transparencia y la rendición de cuentas, porque determina que toda medida de seguridad interior será confidencial; 6) no pone límite de tiempo a la actuación de las fuerzas armadas en la vía pública; 7) no obliga a que los gobiernos locales (estatales y municipales) fortalezcan a sus policías civiles; 8) fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil; 9) no establece controles ni contrapesos institucionales de alto calado; 10) no determina de manera clara los alcances del concepto “seguridad interior”, el cual es invocado en casi todas las acciones como fuente de legitimidad de las incursiones militares y de la marina.
El colectivo #SeguridadSinGuerra – integrado por organizaciones sociales, ciudadanos y activistas – rechazó la expedición de cualquier ley o reforma de seguridad interior que regularice la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la Seguridad Pública.
De acuerdo con el movimiento, “normalizar la intervención del Ejército mexicano en labores policiales, contribuiría a perpetuar la situación de violencia que se busca revertir”. Argumentan que son los gobiernos estatales quienes tienen la obligación de formar corporaciones policiacas eficaces que garanticen nuestra seguridad para no recurrir al servicio de las Fuerzas Armadas.
En un comunicado #SeguridadSinGuerra manifestó: “Nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública”.
De la misma forma y a manera de solución, proponen una serie de acciones que según ellos ayudarían a fortalecer a las instituciones de seguridad pública en todo el país.
1. Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional, pues la aprobación de una “Ley de Seguridad Interior” o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado.
2. Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia.
3. Es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.
4. Reformar a las policías, sin embargo, no será suficiente. Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.
5. Se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.
La carta de postura de #SeguridadSinGuerra, está firmado por 240 organizaciones y mas de 200 académicos y expertos, los cuales desde hace meses luchan por la “no militarización del país”, que ha sido planteada por los diputados mexicanos mediante la Ley de Seguridad Interior, que “legalizaría la intervención de los militares en tareas que corresponden a autoridades civiles” (www.animalpolitico.com, 29 de noviembre del 2017).
Se ha ejercido una movilización sin precedentes de organizaciones de la sociedad civil a fin de que la Ley de Seguridad Interior no sea aprobada ni de manera fast track ni en lo oscurito en la cámara de diputados, ya que representa la legalización de la militarización del país. Algo gravísimo.
La Ley de Seguridad Interior es un retroceso severo en materia de derechos humanos y una confirmación de que la estrategia de seguridad aplicada tanto en el gobierno de Felipe Calderón (PAN) como en el de Enrique Peña Nieto (PRI), no ha funcionado.
El fuego no se combate con fuego…, ni la espiral de violencia con más violencia.
Las fuerzas armadas necesitan de un marco jurídico para su actuación. Eso nadie lo niega. Pero no a costa de los derechos humanos de todas y todos los mexicanos.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
