Ley de seguridad interior o los nuevos “rurales”.
Sabino Luevano
Según se lee en la obra del historiador Paul J. Vanderwood, Disorder and Progress (1992), la policía rural fue creada durante el convulso siglo XIX mexicano por Benito Juárez por dos motivos: para hacer frente a la epidemia de bandidaje que azotaba el país y para tener mayor control central sobre las distintas regiones de México. Después Porfirio Díaz utiliza al mismo cuerpo policial por las mismas razones.
Hoy en día México padece una epidemia de bandidaje con muchos puntos de convergencia con el siglo XIX. En ese momento las élites mexicanas estaban tan desorganizadas y divididas, no sólo por ideología sino por oportunismo, que apenas si podían hacer frente a los bandidos. En este momento las élites mexicanas están tan implicadas en corrupción y narcotráfico que, en lugar de profesionalizar a las policías, le dan poder al ejército para que asuma permanentemente esa función. La historia siempre se repite. Así como Juárez y Díaz utilizaron a la policía rural para ejercer control sobre las regiones, de la misma forma la casta política le confiere poder al ejército para administrar el problema, según convenga su solución o irresolución en los vaivenes de la política nacional. Es decir, de lo que se trata no es de acabar o por lo menos acotar la delincuencia organizada, sino de utilizarla como moneda de canje y ganancia política. Y si la historia siempre se repite, a los militares les pasará lo que a la policía rural: jugarán con dos amos. Por un lado respetarán la autoridad central en lo general, pero en lo particular habrá alianzas, protecciones y encubrimientos a narcotraficantes. Nada que no haya sucedido previamente. La diferencia es que ahora habrá un marco legal que lo ampare. Lo que esta ley en el fondo protege es la capacidad de la clase política y los militares para hacer negocios con el narco. No hay país que haya luchado contra el crimen organizado de forma efectiva, según afirma el investigador Edgardo Buscaglia en sus libros sobre México, que utilice al ejército en labores privilegiadas de seguridad. Son siempre las policías, federales o estatales, quienes se encargan de enfrentar a los delincuentes, amparadas en leyes estrictas contra el lavado de dinero y una gran labor de inteligencia. No es un misterio cómo resolver el problema de seguridad en México. Parafraseando a Vanderwood, el desorden que vivimos actualmente no es la usencia de orden, sino su propia voluntad al sedimentar en el caos ganancia económica y política. La ley de seguridad interior no es otra cosa que la administración voluntaria del caos. Bajo la lógica de Vaderwood, el orden sólo podrá ser restituido cuando el desorden agote sus posibilidades de ganancia para la clase dirigente. Por el momento, ese panorama se ve muy lejano.
