El embate de una élite económica
La dinámica de la economía a escala global en el siglo XXI es muy distinta de la inserta en el panorama de hace cinco siglos, pues el desarrollo tecnológico ha impactado radicalmente a la sociedad durante los últimos dos siglos, al grado de transformarla; desde la centuria pasada han sido cada vez más boyantes los señalamientos respecto de un mercado global y de una economía mundializada.
Con ello, se propició el surgimiento de grandes corporaciones transnacionales que fueron expandiéndose a nivel internacional, para establecer principios de libre competencia que estaban en línea con los orígenes propios del sistema económico capitalista y cuyo objetivo principal es, precisamente, la libre acumulación de recursos económicos privados.
En México existen consorcios empresariales de capital privado internacional, que se han establecido en nuestro país debido a que los costos de producción son mucho más baratos en comparación con los de otras naciones, como lo es el caso de las grandes ensambladoras de automóviles; pero también hay grandes empresas de capital privado local, que en su mayoría nacieron el siglo pasado y que han sorteado exitosamente el esquema de libre competencia en el mercado nacional.
Dentro de la actividad económica en la cual estamos insertos no se puede negar que la existencia de estos grupos empresariales y la inversión que realizan impacta en la creación de empleos para la población; por lo que, en la búsqueda de un crecimiento y un desarrollo económico positivo, la participación de los grandes capitales empresariales es fundamental.
Sin embargo, de la misma manera que sucede en el escenario internacional, en México el poder político no es distante ni ajeno al poder económico; existe, desde hace mucho tiempo una relación intrínseca de factoentre los grupos empresariales más poderosos en el país y los grupos políticos que se han apostado en el poder, y cuyos intereses evidentemente tienden al establecimiento y la conservación de un statu quo, por encima del bien común o del interés general.
Buena parte del quehacer político mexicano —incluyendo sus normas legales o sus políticas públicas—es definido con base en los intereses de los grandes capitales, tanto locales como foráneos ya que, como se demuestra en el caso Odebrecht, un gigante de la construcción, se otorgaron millonarios sobornos a altos funcionarios en América Latina por parte de esta empresa transnacional, para que éstos privilegiaran a la constructora en el otorgamiento de contratos; un escándalo de corrupción internacional del cual no salieron bien librados altos servidores públicos mexicanos.
Quizá resulta más evidente esta relación entre poder político y poder económico en el caso del polémico proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Andrés Manuel López Obrador ha señalado recientemente que hay que separar el poder político del poder económico. Es imprescindible detenerse en este planteamiento. La razón, terminar con los favoritismos o privilegios que algunos grupos empresariales han buscado perpetuar mediante “moches” con servidores públicos corruptos. La investigación periodística de la Casa Blancaes uno de los mejores ejemplos que se pueden encontrar respecto de este tipo de prácticas deleznables.
Los cambios que se auguran con el inminente triunfo de AMLO y el establecimiento de su proyecto de nación significarían el fin de una serie de privilegios para una élite económica que se ha beneficiado de su cercanía con la cúpula política. Por supuesto que tal situación no les causa indiferencia en ninguna forma; los dueños de los grandes consorcios empresariales han levantado la mano de forma tácita para “elegir” al aspirante presidencial que mejor encaja con sus particulares intereses.
Como era de suponerse, la élite económica apuesta por la continuidad de administraciones federales serviles a sus propósitos, desdeñando a todas luces la única propuesta progresista de cambio, la cual implicaría, por obvias razones, un reajuste de las relaciones de poder. Por ello, estos grupos, con ánimo saboteador, alegan, entre otros argumentos, la desestabilización financiera del país ante el inminente triunfo de la coalición “Juntos Haremos Historia” encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con los spotsque han podido verse en medios y redes sociales en este periodo de campaña, la cúpula política y la empresarial reacia al cambio político planean intensificar la campaña de miedo en contra de Andrés Manuel para intentar nivelar las preferencias electorales en favor del candidato del Frente, pues a sus ojos, y según lo registran las encuestas, el candidato priista ya es un caso perdido, y parecen haberse fijado el mes de mayo como plazo para lograr su objetivo, alimentando las esperanzas de que quien garantizaría la continuidad crezca en junio.
Las presiones para hacer “declinar” al candidato del PRI en favor del frentista fracasaron y es momento de buscar un plan B. Habrá que esperar para ver qué rumbo toma Margarita Zavala, luego de su reciente salida de la contienda electoral.
Parece bastante claro quiénes son los arietes de esta ofensiva contra la democracia y el progreso del país; de acuerdo con un informe de Oxfam del año 2015, en México tan solo cuatro personas se adjudicaban el 10 % del PIB nacional, y el 10 % del total de la población acapara dos terceras partes de la riqueza nacional. Esta desigualdad resulta totalmente inaceptable; en nuestro país más de 50 millones de personas tienen que sufrir condiciones miserables, a causa de la pauperización sistemática de la calidad de vida, como consecuencia de un régimen de privilegios para unos cuantos.
La propuesta de cambio por supuesto que les incomoda: una distribución justa de la riqueza, mediante un manejo responsable de los recursos públicos, en el que no existan los “moches”, amenaza su cómoda posición social.
Resulta vital hacer eco de la trascendente propuesta de Andrés Manuel López Obrador: el poder político se va a separar del poder económico.
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