Rumbo a una seguridad alimentaria
Dr. Ricardo Monreal Avila
Para el gobierno que se encargará de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del país son claras las metas por alcanzar durante el sexenio, en el que se sentarán las bases para un óptimo desarrollo nacional. Entre ellas, resulta indispensable corregir las malas elecciones que durante más de treinta años tomaron las administraciones en turno y que han tenido un costo altísimo en la calidad de vida de la población.
En ese sentido, las acciones anunciadas por el presidente electo están pensadas para revertir tales efectos y para mejorar la calidad de vida de las personas más desfavorecidas, que en nuestro país se cuentan por decenas de millones.
Durante esta semana, Andrés Manuel López Obrador anunció una de las líneas sobre las que se buscará la transformación nacional: la seguridad alimentaria. Su propuesta, tan necesaria como viable, es fortalecer nuevamente al campo mexicano, que abandonado por la tecnocracia a partir del adelgazamiento del Estado a mediados de los años ochenta del siglo pasado.
La entrada del neoliberalismo como piedra de ángulo en la planeación de la política económica afectó considerablemente la producción nacional y obligó a un éxodo masivo de trabajadores del campo mexicano hacia Estados Unidos de América; tal exportación de mano de obra aportó al sector rural y manufacturero del vecino del norte 220 000 millones de dólares, tan solo en 2011.
Durante los gobiernos de 1982 a 1994 comenzó la desarticulación del campo mexicano, que a lo largo del periodo de bonanza económica –conocido como el milagro mexicano— había tenido avances considerables y en el que se presentó una política de incentivación agroindustrial llamada Revolución verde, la cual permitió el desarrollo gracias a la inversión tecnológica y a la amplia producción de fertilizantes. Fue en esos años en los que el gobierno mexicano, inexplicablemente, decidió dejar de invertir en el campo, en la seguridad alimentaria por antonomasia, tema que en países de primer orden es catalogado como de seguridad nacional.
Así, entre 1982 y 1988, México inició un veloz reacomodo económico que lo fue orientando y preparando para una trepidante apertura comercial. A mediados de 1986, nuestro país ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). El acuerdo comercial propició el ingreso a nuestro territorio de una variedad importante de productos agropecuarios proveniente de países con una fuerte industria alimentaria. Y, en cambio, naciones como EUA no dejaron de subsidiar sus actividades agrícolas, y sus productos, al ofertarse al consumidor, tuvieron un precio mucho más bajo en comparación con lo producido en suelo mexicano. Para 1997, se calcula que ese país otorgaba un subsidio de aproximadamente 59 dólares por hectárea, mientras que México destinaba 26 dólares; la competencia a nivel internacional era a todas luces desigual.
Y la administración federal que comenzó en 1998 concretó lo iniciado por el gobierno anterior. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1993, significó la consolidación de una apertura comercial cuyos beneficios sólo alcanzaron a una élite comercial, con cargo a la pauperización del sector agrícola en México: en los primeros años del presente siglo, el 50 % de los pequeños y medianos productores estaban destinados a abandonar su actividad por la falta de competitividad comercial, mientras que tan solo un 15 % –integrado por grandes productores— estaba en condiciones de competir con el mercado internacional.
La propuesta de recuperar el campo mexicano encuentra su fundamento en la autosuficiencia alimentaria, en la seguridad de que en el país se pueda producir lo que se consume, para no depender de las fluctuaciones de los mercados internacionales. Se trata de producir desde granos, hasta productos cárnicos de alta calidad, así como incentivar nuevamente la producción de fertilizantes por parte del Estado, lo que a su vez reactivará el consumo nacional; la idea es que los precios finales al consumidor puedan competir con los productos que actualmente se están importando.
Los medianos y pequeños productores estarán en la mira de los programas o políticas públicas por implementar, para que su actividad agrícola crezca considerablemente y se acompañe de la técnica necesaria para volver a competir dentro de las dinámicas del mercado en las que está inserta la economía de nuestro país.
Como mencionó AMLO a los medios de comunicación, la consigna es “que coman los que nos dan de comer”. Y para ello se han dispuesto algunas medidas importantes, como la fusión de Diconsa y Liconsa en una nueva dependencia que llevará el nombre de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y cuyas metas incluirán diversos proyectos para coadyuvar a la incentivación del campo.
Es imperativo rescatar el sector agropecuario del país si se quiere asegurar su competitividad en los planos internacionales, pues en las condiciones actuales el futuro está completamente embargado, a expensas de fuentes exógenas de abastecimiento, lo que se traduce en la vulneración del bienestar común de las generaciones presentes y futuras, y en la cancelación de las oportunidades de desarrollo para miles de familias mexicanas cuya fuente de sustento es el campo.
La seguridad alimentaria sólo se logrará actuando y, para ello, el país requiere contar con una vasta producción que garantice el acceso de toda la población a los alimentos más básicos a un costo razonable.
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