Dr. Ricardo Monreal Avila
Reforma educativa sin contenido educativo
Hace casi seis años, a inicios del sexenio actual, se presentó un acuerdo entre el titular del Ejecutivo federal y los dirigentes de las fuerzas políticas con mayor presencia en del Congreso de la Unión, documento que recibió el nombre de “Pacto por México”; en él, las dirigencias del PRI, PAN y PRD se comprometieron a impulsar un paquete de reformas estructurales que se habían proyectado como los ejes principales de la administración federal. Dentro de ese paquete se encontraba la pretensión de reformar lo concerniente al tema educativo.
La llamada reforma educativa no fue sino el intento político de parte de la administración federal de restarle poder al magisterio como organización sindical y, a su vez, recuperar la tutela administrativa en cuanto al otorgamiento de plazas laborales, cuyo acceso se sometía a las prácticas sindicalistas clientelares, auspiciadas dentro de las instituciones del Estado mexicano durante la segunda mitad del siglo XX.
Es importante recordar que el modelo de organización empleado por los sindicatos, cuyas cúpulas de las dirigencias —emanadas del partido en el poder— se inclinaban a satisfacer los deseos del presidente en turno y a controlar cualquier brote de insurrección de las bases mediante mecanismos de represión, fue alimentado durante el corporativismo que surgió en el momento de institucionalizarse la Revolución, lo cual garantizó el control efectivo sobre los principales sindicatos, pero también permitió el incremento de su poder político, dados los amplios márgenes de acción otorgados a las dirigencias.
En tal sentido, la reforma educativa del sexenio que termina estuvo direccionada a la recuperación, por parte del Gobierno federal, de importantes cuestiones administrativas en poder de las organizaciones sindicales magisteriales; los cambios propuestos se circunscribían a diez puntos, esencialmente:
1. En los planes y programas de estudio de la educación prescolar, primaria, secundaria y normal, el Ejecutivo federal deberá tomar en cuenta a los padres y madres de familia, para desarrollarlos.
2. A través de concursos, las y los maestros que demuestren mayores conocimientos y capacidades serán acreedores al ingreso al servicio docente —que anteriormente no existía— y a la promoción a cargos de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado.
3. Habrá una evaluación obligatoria y periódica para todos los maestros y maestras del país, con el fin de asignarles el ingreso salarial, promoción, reconocimiento y permanencia en su plaza; todo esto con el respeto a los derechos constitucionales de docentes.
4. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que dependerá de la Secretaría de Educación Pública, será dotado de autonomía y se encargará de realizar las evaluaciones a los profesores.
5. La calidad, desempeño y resultados del sistema educativo nacional será evaluado por el INEE.
6. El Presidente de la República mandará al Senado una propuesta de los cinco candidatos a conformar la Junta de Gobierno del INEE. Los aspirantes deben ser aprobados por mayoría en la Cámara alta, si ésta se encuentra en receso, por la Comisión Permanente.
7. Se fortalecerá la autonomía de gestión de las escuelas públicas, con lo que bajo el liderazgo de los directores y la participación de alumnos, maestros y padres de familia, podrán organizarse para mejorar la infraestructura del plantel, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y cualquier otro “reto” que la escuela enfrente.
8. El Estado establecerá, en forma paulatina y basado en el presupuesto, las escuelas de tiempo completo, en las cuales se cubrirán jornadas de entre 6 y 8 horas diarias.
9. El gobierno impulsará programas de suministro de alimentos nutritivos en las escuelas que sean de tiempo completo, dando prioridad a las entidades que sufren mayor pobreza.
10. La venta de productos o alimentos chatarra queda prohibida en las escuelas.
Aunque es cierto que la práctica de heredar las plazas por parte de maestras y maestros trajo vicios poco benéficos, como el clientelismo, y que la evaluación a docentes es muy necesaria para garantizar una óptima transmisión de conocimiento al alumnado, también es verdad que lo propuesto en la reforma no incluyó, en ningún momento, el desarrollo de nuevos programas de estudios, cuyos contenidos estén planeados pedagógicamente para su ejecución e implementación.
Es más, entre los postulados de la reforma no se encuentra intención alguna de cambiar el modelo vigente por uno más ad hoc a las necesidades de los estudiantes inscritos en los niveles básicos de educación pública en el país. Resumiendo: la propuesta se enfocó básicamente en asestar un golpe político al magisterio, dejando de lado la preocupación por elevar el nivel educativo en nuestro país.
Para 2016, año en que se dieron los resultados de la prueba PISA efectuada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2015, México registró el peor resultado en la evaluación del sistema educativo en quince años consecutivos; a tres años de la implementación de la reforma educativa, los resultados siguen siendo desastrosos en materia de aprovechamiento de los alumnos en nuestro país.
Es por ello que la insistencia de Andrés Manuel López Obrador de cancelar el proyecto en materia educativa del sexenio que termina no es una revancha o un mero capricho; se tiene que repensar una propuesta integral, que además de tocar las cuestiones administrativas de los docentes, permita evaluar críticamente las mejores rutas a seguir para la implementación de un modelo educativo que forme a alumnos con las herramientas necesarias para enfrentar los retos y desafíos del siglo XXI.
Tal como lo reflexionara Paulo Freire: “La educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.