Transparencia en los bueyes de mi compadre
CLAUDIA G. VALDÉS DÍAZ
En materia de transparencia, pero sobre todo en lo que se refiere a responder, como sujeto obligado, a los ciudadanos ansiosos de conocer en qué y cómo gastan los recursos públicos de los que disponen los diputados, el Poder Legislativo está reprobado.
Y es que tan sólo en este 2018, han sido más de 10 las quejas interpuestas por los ciudadanos en contra de los diputados que, a como dé lugar, se niegan a responder, por ejemplo, todo lo referente al proceso de contratación de personal. Este tema, para los integrantes de la LXIII Legislatura, es cosa oculta.
Obviamente, el nivel de secrecía se eleva a la megapotencia cuando la pregunta es si entre las contrataciones que los diputados han aprobado hay algún pariente. Eso es información reservada y clasificada como ultrasecreta. Faltaba más.
Además, cuando una solicitud de información llega a la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo, no sólo dejan correr los 20 días que por ley tiene para responder, sino que, además, cuando por fin se les da la gana, lo hacen de manera incompleta o con evasivas. El chiste es mantener todo oculto.
Y, por si fuera poco, para dejar asentado que en la LXIII Legislatura son opacos, clasifican la mayor parte de la información como “reservada” con el objetivo único de no informar.
Ahí está el tema del manejo de las “herramientas legislativas”, eso también no debe ser conocido por los ciudadanos. Cuánto reciben, en qué lo gastan, los comprobantes, las justificaciones no, eso no se entrega vía Unidad de Transparencia ni en 20 días, ni en un año, ni jamás.
Por eso, llama poderosamente la atención la iniciativa de decreto para adicionar un párrafo al Artículo 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, presentada ayer por el diputado del desaparecido Partido Encuentro Social (PES), Javier Calzada Vázquez.
Pareciera ser que los miles y miles de pesos que el legislador tiene para asesores los está malgastando, pues no le informaron que la Constitución dice, claramente, que todos, en México, somos iguales, aquí no hay nada de que “por ser diputado” puede tener privilegios. Sólo eso nos faltaba.
Y es que el diputado quiere que cuando él, o sus homólogos pregunten, por ejemplo, al Gobierno del Estado, si entre las contrataciones que haya hecho hay parientes del inquilino de La Casa de los Perros, le respondan en siete días, no en 20 como marca la Ley para todos los sujetos obligados del país, incluido obviamente, el Poder Legislativo de Zacatecas.
Es decir, lo que el legislador pretende es a ellos, los más opacos, sí les contesten rapidito y de buen modo, pero a los ciudadanos comunes y corrientes que, por cierto, vía impuestos les pagan su jugosa dieta, no. La gente que espere sus 20 días. De risa loca caray.
La Ley de Transparencia, a la que todos estamos sujetos, salvaguarda nuestro derecho a la información en igualdad de condiciones, sin restricciones, sin discriminación alguna, es decir, todos por igual. Nada de que unos coludos, por ser “diputados” y otros rabones.
Ojalá que, en posteriores ocasiones, el diputado Javier Calzada mejor enfoque sus energías a vigilar que su Unidad de Transparencia cumpla y no se haga de la vista gorda, como hasta hoy
Hasta el lunes…