Dr. Ricardo Monreal A.
Una propuesta para la pacificación: legalización del cannabis
Los actores políticos que estamos involucrados en lograr la Cuarta Transformación, de la vida pública nacional sabemos que ésta no será posible si prevalecen las actuales condiciones de inseguridad y de violencia, pues desde 2006, con las medidas institucionales adoptadas en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico, la situación en México sólo ha empeorado considerablemente.
Miles de familias en amplias zonas geográficas del territorio nacional sufren diariamente el recrudecimiento de la inseguridad y el aumento de levantamientos, secuestros, ejecuciones, en medio de la inoperancia de las autoridades de todos los órdenes de gobierno.
Estos hechos trágicos y lamentables están relacionados con los altos índices de impunidad que sufre el país, el aumento de los enfrentamientos entre grupos rivales por el control de las plazas y las zonas de distribución (como consecuencia de la fragmentación de los grandes cárteles de la droga en grupos más pequeños y focalizados) y la rampante corrupción que inhabilita los recursos gubernamentales. Y quizá esta última sea la parte más aciaga: además de sufrir alguna tragedia a manos de la delincuencia organizada, la población padece una revictimización con la inoperancia, la indolencia y la incapacidad de las autoridades.
La cruzada institucional en contra del narcotráfico, puesta en marcha en los años recientes, fue un total fracaso en materia de seguridad pública, seguridad interior o seguridad nacional.
Pero no sólo los innumerables hechos de sangre alimentan la ignominia nacional, existe además una espiral de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que son perpetradas por las organizaciones criminales, pero también por agentes oficiales involucrados en tareas de seguridad. Cuestiones que son el reflejo de la grave crisis en la que México se encuentra sumido.
El propio presidente electo ha declarado que se llevará a cabo todo lo necesario para frenar la violencia que provoca el sufrimiento de muchos mexicanos y mexicanas. No obstante, se deben preponderar las soluciones pacíficas que permitan el cese del grave estado de inseguridad y de violencia heredado por administraciones anteriores.
Resulta necesario el diseño, la aplicación y ejecución de programas y políticas públicas integrales, operadas de manera coordinada y sistemática por los diferentes niveles de gobierno; asimismo, no se deben desatender las acciones en la esfera legislativa que permitan dotar de herramientas del orden jurídico, que contribuyan a socavar los pilares, las raíces o las columnas sobre las que se sostienen las redes delincuenciales.
Desde el Senado de la República se evalúan con ahínco las posibilidades legales para tratar de abatir los altos índices de violencia e inseguridad que han azotado al país por años. Tenemos un ejemplo en las diferentes opciones de regulación de la siembra, cultivo, cosecha, producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta, comercialización, portación y consumo para fines personales, científicos y comerciales de la planta de cannabis, comúnmente conocida como marihuana.
Se trata de una de las propuestas de mayor relevancia que, en este primer periodo ordinario de sesiones de la LXIV Legislatura, los integrantes del grupo parlamentario de Morena buscaremos impulsar desde ambas Cámaras del Congreso de la Unión. No es otra la finalidad, sino abonar a la construcción de soluciones que permitan resolver uno de los más grandes retos del Gobierno entrante: la pacificación del país, por vías distintas al uso liso y llano de la fuerza.
La meta es lograr una estricta regulación que permita la comercialización, con los topes adecuados para la portación individual; que garantice la reducción del tráfico ilegal, y que posibilite la producción para el autoconsumo. Al mismo tiempo, se plantea crear el Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, el cual se encargará de determinar el porcentaje con el que se va a gravar la marihuana, así como sus derivados, cuando sean comercializados de manera formal por particulares o empresas.
La intención es poder controlar el consumo excesivo; relegar, en la medida de lo posible, el comercio informal, y brindar protección en materia de salud pública. En tal sentido, hay propuestas que contemplan que los consumidores puedan cultivar hasta 480 gramos anualmente.
De aprobarse la propuesta en cuestión, México se uniría a los países que ya han emprendido acciones similares para regular el uso y comercialización de la marihuana —como el caso reciente de Canadá, socio comercial de nuestra nación—. Esto abre la puerta a la producción con fines de exportación para los mercados de países que ya tienen regulado el consumo de esta planta, mediante el debido empaquetamiento y etiquetado del producto, de conformidad con las disposiciones planteadas en el propio proyecto.
Este tipo de medidas regulatorias marcan una gran diferencia entre las propuestas elaboradas por gobiernos tecnócratas, y las surgidas de Morena, que se caracterizan por un espíritu social y por una preocupación real por transformar las condiciones del país en beneficio de la ciudadanía.
Hay un contraste claro entre Morena y gobiernos anteriores, los cuales no pudieron desprenderse del discurso demagógico que fabrica cortinas de humo y maquilla o esconde la realidad, en tanto que nuestro movimiento busca actuar con total responsabilidad, para corresponder a la confianza de los millones de mexicanas y mexicanos que nos favorecieron en las urnas.
El cambio no llegará inmediatamente; resultan fundamentales muchas otras medidas, y son indispensables el compromiso y la plena participación ciudadana; sin embargo, con acciones como las que se están llevando a cabo en el Senado se busca estar a la altura de las circunstancias para corregir el rumbo de nuestro país.
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