Dr. Ricardo Monreal A.
Honrando el bono democrático
El próximo 1 de diciembre comenzará un nuevo ciclo dentro de la administración del Estado mexicano; por primera vez en la historia reciente de nuestro país, las riendas de la nación serán asumidas por una corriente política de izquierda, lo cual vaticina importantes cambios en materia de planeación, ejecución y evaluación de las políticas o acciones de gobierno orientadas a lograr un desarrollo sostenible en lo político, ecológico, económico y social.
Hasta el momento, los resultados arrojados por gobiernos anteriores no han sido favorables, por decir lo menos: la deuda pública se incrementó, en términos netos, en poco más de diez billones de pesos al término de 2017. De acuerdo con analistas, es tal la deuda que poco falta para que el trabajo de la población únicamente sirva para pagar los intereses de las obligaciones contraídas en administraciones anteriores.
Y en temas de seguridad pública, los retrocesos son evidentes, pues el año 2018 se perfila para ser el más violento y criminal, desde que se comenzó a contar con registros al respecto. Por otro lado, los índices de pobreza, desigualdad y distribución per cápita de la riqueza ponen de manifiesto que en México las personas pobres cada día son más pobres, y las ricas, cada vez más ricas.
Por esto, desde que Morena recibió el voto mayoritario de la ciudadanía, las acciones de los representantes políticos, aun de los que todavía no entran en funciones, han eclipsado por completo los últimos días de la administración saliente, pues se busca comenzar a influir en la planeación de los esquemas de ejecución, para atender la grave situación que se vive en todo el territorio nacional.
Desde el ámbito legislativo, ambas cámaras del Congreso de la Unión se han enfocado en generar las bases legales que darán pie a la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas que implementará el Ejecutivo federal, con el fin de avanzar en el objetivo planteado por quienes procuramos la Cuarta Transformación de la vida pública del país: corregir el rumbo errado que México tomó desde hace décadas, y que se caracterizó por la polarización, la pérdida de identidad y de soberanía, el recrudecimiento de la violencia, y el aumento de la corrupción y la impunidad.
El proyecto de nación planteado busca la unidad de México y la reconciliación entre una sociedad fragmentada, herida, sangrante, que experimenta en su diario vivir la pauperización, tanto en lo económico, como en lo social.
La simulación, los grandes atracos al patrimonio nacional y al erario público, así como la impunidad y la corrupción alimentadas por las administraciones pasadas en nuestro país son, sin duda, los auténticos factores de riesgo que podrían provocar el derrumbe de la República mexicana.
En días pasados, tanto personajes de la política como analistas se han volcado a la nociva práctica de la imprecación, alegando supuestos riesgos de que la Cuarta Transformación se convierta en un régimen autoritario.
Nada más equivocado en cuanto a la interpretación de los sucesos recientes, cuando se ha invitado a la ciudadanía a participar en la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos muy importantes, no sólo por el crecimiento y desarrollo económico que implican, sino por el costo de las inversiones en las que intervendrán recursos públicos, los cuales se obtienen de las contribuciones hacendarias del ciudadano de a pie.
Sin embargo, las críticas respecto de la consulta ciudadana relacionada con la construcción del nuevo aeropuerto hacen alusión a que no fue confiable, que se trató de un proceso amañado y que, por ende, no fue representativo de la voluntad popular. Pero, en contraste, la participación social registrada fue numerosa y, a diferencia de otras ocasiones, no se presentaron brotes graves de inconformidad por acciones represivas o autoritarias en contra de las personas directamente afectadas, como sí ocurriera en administraciones pasadas. Hubo, ciertamente, una marcha realizada en la Ciudad de México en apoyo de la creación del NAIM, pero transcurrió sin sobresaltos, y acaso reflejó los resultados que ya se habían dado en la encuesta.
¿La realización de estos ejercicios de participación ciudadana auguran el advenimiento de una dictadura? Por supuesto que no; más bien son muestra de los cambios de paradigma que se avecinan a partir del primer día de diciembre. Hay voces públicas que equiparan la realización de estos ejercicios con casos de gobiernos de izquierda en Latinoamérica que, habiendo realizado acciones similares al inicio de sus mandatos, derivaron en regímenes autoritarios en décadas recientes.
No se trata del caso mexicano. La izquierda en nuestro país propugna por una auténtica división de poderes, como lo mandata nuestra Constitución Política, así como por la negación del servilismo y la subyugación que caracterizaron la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial con el Ejecutivo, omitiendo de facto el compromiso con una auténtica colaboración y un régimen de contrapesos institucionales.
El Senado ha hecho patente su autonomía como parte de una de las dos Cámaras que componen el Congreso de la Unión; no se trata de auspiciar una confrontación con el próximo titular del Ejecutivo federal, sino de afirmar la independencia constitucional con que cuenta el Legislativo, lo que necesariamente implica llevar a cabo una representación política genuina, con base en una agenda propia, emanada de los intereses nacionales.
El pasado 1º de julio se depositó un bono democrático en las urnas a favor de un proyecto político alternativo, y en tal sentido, es obligación de quienes nos encontramos en el Poder Legislativo honrar la confianza y las expectativas ciudadanas; el pueblo de México está dolido por la desigualdad, la inseguridad y la violencia, por la injusticia, la impunidad y la corrupción.
Incluso antes de la entrada en funciones del nuevo gobierno, Morena ha mostrado congruencia con sus propuestas, y ha dado resultados tangibles. Por tanto, nos pronunciamos en contra de los intentos de manipulación, las imprecaciones fatalistas y las descalificaciones infundadas.
Ciertamente, las principales resistencias al proyecto alternativo de nación tienen su origen en la oligarquía política y económica que se rehúsa a perder sus privilegios. A pesar de ello, no claudicaremos en nuestro compromiso por separar al poder económico del poder político, y por trabajar para favorecer a todos los mexicanos y las mexicanas que depositaron su confianza en el proyecto.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
