Dr. Ricardo Monreal A.
Huachicoleo: lastre energético transexenal
No es secreto para nadie que en nuestro país el robo de combustible es una práctica que se ha llevado a cabo durante años, con la aparente complacencia de altos mandos de la estructura operacional y administrativa de Petróleos Mexicanos, así como con la presunta complicidad de integrantes y titulares del Poder Ejecutivo de pasadas administraciones federales.
Se trata de una de las más grandes redes de corrupción en México; un flagelo sistémico de desgobierno que involucra a diferentes colectivos y personas. En esta red de corrupción e impunidad han participado tanto el crimen organizado, como cúpulas políticas, empresarios, gasolineros, trabajadores de la paraestatal y muchos consumidores.
Cierto es que, debido a la enorme telaraña de encubrimientos y complicidades, tejida entre promotores, intermediarios, distribuidores y, en ocasiones, consumidores, las acciones recientemente emprendidas por la Presidencia de la República han afectado el suministro de combustibles en diversos puntos del país; pero no precisamente por que haya escasez de gasolinas, sino por la imperiosa necesidad de frenar el robo indiscriminado que ha estado padeciendo la nación a merced de esta actividad, la cual había sido, cuando menos, tolerada desde las más altas esferas de poder.
Quienes se oponen a estas acciones gubernamentales, arguyen la afectación a los consumidores y demandan el restablecimiento inmediato del suministro, a sabiendas de que los ductos son ordeñados por una red perfectamente organizada para el robo masivo del combustible, lo que representa miles de millones de pesos en pérdidas para la mermada paraestatal, la cual fue entregada al saqueo y al abandono.
Se sabe, por información proveniente del propio organismo público descentralizado, que cada año el robo de combustible causa un daño patrimonial multimillonario a la empresa. A ello habrá que sumarle los gastos por las reparaciones en la infraestructura dañada y los riesgos en materia de protección civil.
La cantidad que representa esa serie de robos es exorbitante, y resulta evidente que hay muchos intereses de por medio para tratar de mantener intocadas las operaciones de distribución en Pemex. Es muy cuestionable que a pesar de que la paraestatal constituye una empresa fundamental y estratégica para el Estado mexicano, fue abandonada a su suerte durante los gobiernos anteriores, lo que la ha envuelto en gravísimos problemas como éste; la pregunta obligada es: ¿quiénes se han beneficiado del huachicoleo? ¿Por qué se busca presionar para mantener las condiciones actuales de distribución de hidrocarburos?
El presidente López Obrador ha pedido paciencia a la sociedad en su conjunto para poder resistir las tempestades suscitadas a partir del combate al robo de combustibles, pues es necesario dar solución a tan importante problema, antes de volver a la operación normal de la distribución. Para acabar con estas prácticas criminales fue preciso cortar con el suministro, pues al cerrarse los ductos, se dificulta la perpetración de los robos.
Al mismo tiempo, por la gravedad de la situación, Pemex canceló en días recientes 103 permisos a estaciones de servicio, las cuales comercializaban combustible robado; esto en los estados de Guanajuato, México y Puebla.
Con la intervención directa del Ejército en el control de las instalaciones de la paraestatal, se comenzó a poner de manifiesto que muchas estaciones de servicio obtienen buena parte de su combustible de manera ilícita y, por tal razón, ante la implementación del Plan Conjunto de Atención a Petróleos Mexicanos, dichas gasolineras no pueden cubrir el total del abasto, ya que la distribución programada directamente con Pemex no armoniza con la cantidad del combustible comercializado por las mismas estaciones.
Se sabe ahora, por investigaciones del gobierno federal, que en el robo del combustible no sólo el crimen organizado ha jugado un papel importante, sino incluso algunos trabajadores de la paraestatal, quienes desde hace mucho tiempo se habían volcado al huachicoleo. Alrededor de 600 pipas de gasolina eran robadas diariamente, lo cual implica que había una compleja organización logística que hacía posible la distribución del combustible por todo el territorio nacional, sin que esto suscitara la menor sospecha; esto es un ejemplo más del clima de corrupción e impunidad que ha sacudido por tanto tiempo a nuestro país y que lo arrastró a una crisis sistémica.
Ahora, en redes sociales y en algunos medios de información se está pretendiendo alimentar entre la población el pánico ante las medidas implementadas por el gobierno federal. Tal como lo ha expresado el presidente de la República, hay combustible suficiente para mantener el abasto en todo el país, y lo que ahora los críticos satanizan como el advenimiento de un régimen racionador y antidemocrático, es sólo el momentáneo efecto —natural, hasta cierto punto— producido por la imperiosa necesidad de cambiar el estado de cosas heredado de administraciones anteriores.
Algunos de los opositores exigen que se remedie una situación que fue propiciada precisamente por ellos; hoy se sabe que muchos fondos para financiar campañas electorales provinieron de las arcas de Pemex, de manera ilícita. Nada qué decir acerca del comportamiento político que busca posicionar como trending topic en redes sociales una serie de ataques al gobierno, por medio de la desinformación y la manipulación.
Dicen por ahí que la paciencia es una virtud de reyes. Las decisiones que hoy pueden estar causando afectaciones o molestias no se compararán con los beneficios que tendremos en el futuro; siempre es más fácil destruir que construir, y quienes estamos trabajando en la cuarta transformación de México no claudicaremos para regenerar y reconstruir a esta gran nación.
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