Seguridad Universitaria.
Por: Jenny González Arenas
La situación de inseguridad que impera en nuestro país, en el Estado y, en particular, en el municipio de Zacatecas, ha alcanzado los espacios que considerábamos más seguros como las instalaciones escolares, en concreto, las universitarias.
En fechas pasadas, un fatídico 10 de abril, una alumna universitaria es víctima de un cruento acto de violencia en los pasillos de su institución académica, centro que la acogió por casi cinco años en los que ella transito por los pasillos de la Unidad Académica de Derecho, sintiéndose segura, caminando con pasos firmes para lograr su objetivo, el de convertirse en Licenciada en Derecho. Ese sueño, ese anhelo, esa aspiración, esa seguridad, fue truncada por un desconocido que, sin el mas mínimo titubeo, con la certeza de que no encontraría obstáculo de seguridad alguno, entró a los pasillos de la Unidad Académica, localizó a su víctima y sin dudarlo, arrebató la vida de la joven estudiante.
No podemos ser indiferentes ante tales acontecimientos, mucho menos cuando ese espacio universitario alberga una población mayor a tres mil personas que diariamente, confiados, seguros, asisten a sus aulas, caminan por sus pasillos, antes con la certeza de que ahí, nada malo les podía pasar. Ahora ya no llegamos con la misma tranquilidad, con la misma seguridad, esa paz se ha perdido.
Juzgar o trasladar culpas no es la respuesta, llamar a la calma a una comunidad que clama justicia no es el camino, pero buscar alternativas que solo disfrazan la incapacidad de brindar seguridad a la comunidad universitaria y a los zacatecanos en su conjunto tampoco es una opción que estemos dispuestos a aceptar como única y válida.
La comunidad universitaria, los alumnos y maestros de la Unidad Académica de Derecho sentimos inseguridad al ir a nuestro centro de trabajo o de estudio, pero tampoco estamos dispuestos a ceder espacios a la delincuencia ni a la incapacidad de las autoridades, tanto universitarias como estatales, de hacer frente a una crisis de naturaleza tal que no se puede resolver con declarar públicamente que se respetarán los derechos humanos.
Respetar Derechos Humanos nunca ha sido sinónimo de no hacer nada. Para respetarlos es necesario que las autoridades actúen, que tomen medidas claras, que diseñen e implementen estrategias encaminadas a erradicar el problema. No se trata solamente de decir que se esta trabajando o de instalar comités. Primero es necesario que se elabore un diagnóstico que nos de claridad de la situación en la que nos encontramos, pero no podemos destinar todo lo que resta de la administración a hacer ese diagnóstico, es urgente, imperante, es una necesidad de primera índole el que se tenga ese diagnóstico para poder diseñar las medidas que se pueden implementar para comenzar a erradicar el problema.
Coincido en que cerrar, levantar bardas o poner cámaras no es la única solución y el coartar las libertades fundamentales no puede ser la primera, sino la última opción, pero ante un escenario de inseguridad como el que enfrentamos, declarar que el operativo mochila no se implementará no es solo innecesario, sino humanamente imposible llevarlo a cabo en la gran mayoría de los centros y unidades académicas. Claro esta que si se tuviera ya la información real, el diagnóstico preciso, ya no estaríamos escuchando declaraciones fuera de lugar y comenzaríamos a ver como se van implementando medidas de protección efectivas para la población universitaria en su conjunto.
La seguridad al interior de la Universidad tiene que ser un asunto prioritario, no el tema de relleno cuando ya no se quiere hablar de la seguridad social o de la situación económica de la Universidad.
