Luis Noé Maldonado Sánchez
Para qué dejar de amar algo tan corriente como el dinero.
Fue el 29 de enero de 2020 cuando el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó, por fin, la Política Nacional Anticorrupción. Producto de la realización de foros, consultas ciudadanas y el resultado de la investigación académica y empresarial, ahora el Sistema Nacional Anticorrupción en México cuenta con una agenda en materia del combate a la corrupción, una estrategia para combatir este problema en la nación, en la cual participan el gobierno, la sociedad civil organizada y también el sector privado, con un propósito en común, combatir la impunidad y la corrupción. La Política Nacional Anticorrupción es una estrategia compuesta por cuatro ejes asociados al mismo número de causas de la corrupción la cual es concebida como un fenómeno sistémico. El primero de los ejes está asociado al combate de la corrupción y la impunidad; el segundo eje se encuentra vinculado a combatir la arbitrariedad y el abuso del poder; el tercer eje estratégico está asociado a promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno y sociedad; el cuarto y último eje dirige los esfuerzos del sistema al involucramiento de la sociedad y el sector privado en el combate a la corrupción. Los cuatro ejes estratégicos atienden un problema común: la incapacidad para controlar la corrupción, es decir, prevenirla, detectarla y sancionarla eficazmente. Para llevar a cabo lo anterior el Sistema Nacional Anticorrupción estableció además cuarenta prioridades a manera de orientar las acciones concretas y proyectos específicos para la implementación de esta política nacional. Las prioridades se encuentran clasificadas en prioridades de corto, mediano y largo plazo, organizadas también en diez objetivos específicos. Las cuarenta prioridades se distribuyeron de manera homogénea entre los cuatro ejes comentados anteriormente, diez prioridades por eje estratégico. En el eje 1 las prioridades están relacionadas en lo general, con desarrollar ejecutar, asegurar programas, coordinación y estrategias que fortalezcan la coordinación entre autoridades responsables de llevar a cabo el ciclo anticorrupción (prevención, detección, investigación y sanción de faltas y actos de corrupción) e incorporar sistemas de inteligencia estándares e interoperables para ello; implementar protocolos y procesos para la presentación de denuncias, protección de denunciantes y establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción. En el eje 2 las prioridades están vinculadas generalmente a impulsar promover, implementar políticas de integridad y prevención de conflictos e interés, programas de capacitación, certificación de capacidades en el servicio público, el servicio profesional de carrera, la armonización contable, políticas de archivo y gestión documental, la homologación y simplificación de normas, procesos y métodos de control interno, auditoría y fiscalización, así como la utilización de metodología de análisis masivo de datos e inteligencia artificial en procesos de gestión y evaluación. En el eje 3 las prioridades están relacionadas de manera general con fomentar, fortalecer, promover y crear el intercambio de información interinstitucional, evaluación con enfoque de derechos humanos, homologación de trámites y servicios públicos, un catálogo nacional de programas sociales y un padrón único de beneficiarios, un sistema único de información sobre compras y adquisiciones públicas que incluya un padrón nacional de proveedores de gobierno, así como la creación y adopción de criterios y estándares unificados en compras que acoten espacios de arbitrariedad. En el eje 4 las prioridades contemplan de manera general, el desarrollo, implementación, creación, fomento de una agenda para el control de la corrupción en la que participe la ciudadanía y se creen nuevas redes de colaboración social, un catálogo nacional de mecanismos de participación social incluso digitales, la articulación con cámaras empresariales y organismos internacionales que fomenten la política anticorrupción en el sector privado y Mipymes, homologar criterios en campañas de comunicación sobre la corrupción así como colaborar con el Sistema Educativo Nacional en materia de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos. Esa es pues la Política Nacional Anticorrupción a la cual, poco a poco, se irán alineando los esfuerzos de todas las instancias que componen el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no solo ellos, también los esfuerzos de la sociedad civil organizada a través de las Cámaras empresariales, Colegios de Profesionistas, las Universidades y cada uno de quienes formamos parte de la sociedad mexicana. Recordemos que para que la percepción de la corrupción en nuestro país cambie y dejemos de ocupar los últimos lugares en la lista de los países menos corruptos, la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción es una condición. Adelante pues con su implementación.
Luis Noé Maldonado Sánchez, Maestro en Finanzas.
