Volvemos a las analogías.
Por: Jenny González Arenas.
Hace ya tres años, los medios de comunicación locales y nacionales hablaban sobre la analogía realizada, de forma desafortunada, por la aún primera dama de Zacatecas, al comparar la vestimenta de los niños de secundaria con sicarios, estigmatizando y discriminando a los adolescentes y las actividades que realizan a partir de la forma en que visten. Un comentario nada acertado para una figura pública que debe cuidar, en sobremanera, la forma en que se expresa, sobre todo por el impacto que tienen las palabras en los jóvenes y en la sociedad.
En estos días, la Secretaria de la Función Pública Federal, ha realizado una analogía, más o menos, en los mismos términos, estigmatizando a los medios de comunicación, llamándoles “sicarios mediáticos” por la información que ha circulado en distintas redes y medios de comunicación en relación a las propiedades que ella y su esposo, catedrático de la UNAM – regresaremos a este tema -, han adquirido en los últimos años y que sobrepasa los límites de lo que pudiera ser su capacidad económica.
Esta nueva analogía tiene implicaciones muy similares a la desafortunada analogía realizada por la primera dama de Zacatecas. Antes de proseguir, quiero aclarar que no se trata de determinar cual de las dos analogías es peor, simple y sencillamente me centraré en desglosar las graves consecuencias que tiene la analogía expresada por la Secretaria Irma Sandoval, puesto que hace tres años se hizo una puntual reflexión sobre la analogía expresada por la Dra. Cristina Rodríguez de Tello.
El uso de palabras que comparan o califican a una persona o grupo de personas, tiene un efecto discriminatorio, que se puede encuadrar en el uso de categorías sospechosas, expresamente prohibido en la Constitución Política de nuestro país. En este caso, la referencia a los medios de comunicación como “sicarios mediáticos” estigmatiza al gremio periodístico, en su conjunto, con la finalidad de desprestigiar su labor, lo que trae como consecuencia otra grave implicación de la analogía.
La libertad de expresión es un derecho consagrado, también la constitución y en diversos documentos legales internacionales ratificados por nuestro país; por lo que forma parte del bloque de constitucionalidad vigente en territorio nacional. Es un derecho que tiene un carácter especial dual, puesto que por un lado implica el derecho que tenemos todas las personas de manifestar libremente nuestras ideas y opiniones, pero, también implica el derecho que tiene toda la población de acceder a la información, por ello, quien hace uso de su libertad de expresión esta garantizando también el derecho a la información del resto de la población.
Partiendo de esa premisa, el estigmatizar al gremio periodístico por la labor que realizan puede ser considerado, inclusive, una violación a la libertad de expresión por mecanismos indirectos, puesto que se esta atacando o agrediendo a una persona no por lo que esta diciendo, sino por la profesión que ejerce, lo cual es considerado como una grave violación a derechos humanos, puesto que no se esta solo limitando el derecho a la libre expresión, sino también el acceso a la información de toda la población.
Ahora bien, si hablamos de una funcionaria pública y su esposo, un catedrático de una de las Universidades con mayor prestigio a nivel internacional, como lo es la UNAM, lo mínimo que la población esperamos es que el debate sea con argumentos válidos, convincentes y no con complots armados por la izquierda o la derecha para, según ellos, desprestigiarlos.
Finalmente, los organismos internacionales encargados de supervisar temas relacionados con la libertad de expresión, han dicho hasta el cansancio, que los servidores o funcionarios públicos se encuentran expuestos a un mayor escrutinio, por la misma labor que realizan, por lo que los límites de la libertad de expresión no deben inhibir o limitar la función de información de interés público, por lo que el funcionario público debe tener claro que este tipo de investigaciones sobre la acumulación de bienes inmuebles es considerada de interés público y es un tema que se abordaría, eventualmente por los medios de comunicación.
Si un funcionario no esta de acuerdo con que su caudal inmobiliario sea expuesto en los medios de comunicación, antes de ofender al gremio periodístico, se debería replantear el seguir siendo funcionario o no.
