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Derecho Humano al Salario.

Por: Jenny González Arenas.

Hace 104 años, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue pionera en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a los que ahora se agregan los Ambientales – aunque estos últimos no serán objeto de análisis en las siguientes líneas -. México fue el primer país en el mundo en elevar a rango constitucional la protección de los sectores más desprotegidos del país como son los trabajadores y los campesinos.
Dentro de los derechos que se les reconocían a los trabajadores estaba el derecho a asociarse y conformar sindicatos, el derecho a realizar paros, el derecho a la huelga, el derecho a prestaciones de salud, el derecho a un salario digno, a una pensión, entre otros.
En esos momentos muchos inconformes, puesto que las empresas internacionales que se encontraban asentadas en nuestro país se habían acostumbrado a pisotear a los trabajadores y sus derechos. Mucho tiempo tuvo que pasar para que esos derechos tuvieran verdadera vigencia en nuestro país, a pesar de estar consagrados en nuestra constitución.
Posteriormente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen que es derecho de toda persona que trabaja el recibir una remuneración que le permita satisfacer sus necesidades y las de su familia.
El derecho al salario no es pues una reciente incorporación al catálogo de derechos humanos, mucho menos se trata de un favor, concesión o prebenda al sector trabajador. Se trata de un derecho con un amplio margen de protección en muchos países, incluso en México, puesto que está íntimamente relacionado con el desarrollo de las personas, el acceso a una vida digna, a la alimentación, al mínimo vital, a la vivienda digna y decorosa, a la salud, a la educación, en fin, a un sinnúmero de derechos que están relacionados con el salario que percibe cada trabajador y de cuyo ingreso depende no solo su bienestar, sino el de su familia.
Cuando la iniciativa privada se atreve, porque es una osadía, retener de manera ilegal el salario del trabajador, se expone a sanciones severas por parte de la autoridad laboral.
Pero ahora, Zacatecas y algunos otros estados de la República Mexicana, están enfrentando la falta de pago por parte del Gobierno el Estado, ante esa situación la sanción debe ser la misma que para una empresa privada, puesto que en esos casos el Estado no está actuando con potestad soberana, sino como patrón y como tal se debe de aplicar las mismas reglas que se le aplicarían a cualquier particular que no pagara a sus empleados.
Ningún pretexto es válido, cuando se afecta el ingreso de miles de familias zacatecanas, puesto que no se trata de cancelar una obra multimillonaria o de posponer programas sociales, estamos hablando que miles de familias se han quedado sin sustento, han tenido que dejar de hacer compras para satisfacer sus necesidades básicas, no han podido cumplir con sus obligaciones como pago de mensualidades de sus viviendas o de sus vehículos (que dicho sea de paso, muchos utilizan para trasladarse a su lugar de trabajo), han dejado de comprar medicinas porque, lamentablemente los servicios médicos ya no cuentan con muchos medicamentos y los maestros, los jubilados y trabajadores del ISSSTEZAC dependen de su salario y/o su pensión para abastecerse de medicinas, entre una gran cantidad de obligaciones que ellos cubren con su salario.
Con el trabajo de las personas no se juega, mucho menos con su salario o su pensión, porque todas esas personas que llevan más de una semana sin recibir su pago a pesar de que ya trabajaron sus jornadas laborales, incluso con gastos extraordinarios porque ante la pandemia que enfrentamos muchos de ellos han tenido que comprar insumos extraordinarios como cubrebocas, gel antibacterial, guantes, entre otros, para poder regresar a las aulas, y ahora, la salida del Gobierno es no hay dinero para pagarles.
No, lo que no hay es autoridad, no hay respeto por los trabajadores de la educación, ni por los jubilados, ni por los trabajadores del ISSSTEZAC, no hay responsabilidad por parte del gobierno, en pocas palabras, no hay gobierno, porque un gobierno que se debe a su pueblo, no trataría a los docentes como están siendo tratados en esta administración. Lamentable, porque un gobierno que no respeta a sus maestros, a sus jubilados, a sus trabajadores, no respetará a nadie.