Isadora Santibañez
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
Uno de los temas más discutidos en nuestro Estado en los últimos días ha sido el de la despenalización del aborto, ya que se encuentra en estos momentos en discusión para ser dictaminado en las comisiones de la legislatura y al parecer la coerción social de algunos grupos tradicionalistas y ortodoxos está presionando a los legisladores para negar un derecho que se encuentra ya garantizado jurídicamente. A la par, los diversos grupos de colectivos feministas están generando un mecanismo de contención que garantice el cumplimento de los derechos de las mujeres mexicanas, a través del señalamiento público a los Diputados y de manifestaciones notorias que permitan poner en la mira de la ciudadanía y de los medios de comunicación el actuar de la legislatura.
Es importante hacer un análisis serio respecto del tema, evitando los prejuicios y las creencias religiosas y morales que nublan el criterio objetivo de la ley y de los derechos sociales y humanos.
Los derechos de las personas no son negociables y no pueden ser dados a cuentagotas, sin embargo, en nuestro país y en muchos otros de América Latina, a lo largo de los años la despenalización se ha otorgado de manera condicionada, limitado este derecho al número de semanas de gestación y cancelando la posibilidad legal de interrumpir un embarazo que pueda poner en riesgo la vida de una mujer o que dicho embarazo haya sido producto de una violación.
Sin embargo, en el debate, una de las principales argumentaciones para estar en contra de esta práctica, es precisamente el derecho a la vida que tiene el bebé gestante, el cual se encuentra imposibilitado para defenderse, por lo que las discusiones se vuelven más álgidas y los diversos puntos de vista de contraponen en dos polos totalmente opuestos.
Es por tal motivo que el primer paso a seguir al involucrarse en este tipo de debates, es apegarse de manera estricta a las leyes, entendiendo, primero que nada, que la separación de la iglesia con el estado es una obligación constitucional y que a la par del derecho a la vida se encuentran también intrínsecos otros derechos como lo son el derecho a decidir, el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, la autodeterminación en materia de maternidad, la autonomía reproductiva, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad jurídica, la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad, la violencia de género y la integridad sexual, entre otros.
Por lo que en el año 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de 10 votos que es inconstitucional criminalizar el aborto y se pronunció a favor de las personas gestantes a decidir respecto a su maternidad, declarando que criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional.
Así mismo, permitió la asistencia médica por personal sanitario en un aborto voluntario y retiró el condicionamiento que limitaba a 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación o implantación artificial.
Esta iniciativa sirvió como punta de lanza para hablar de una probable legalización del aborto, sin embargo, el tema parece ser que dará aún mucho de qué hablar y tardará años en poder permear en la ciudadanía, debido a la resistencia que existe por un amplio grupo de tradicionalistas.
Por lo pronto, basados en argumentaciones estrictamente jurídicas, los integrantes de la Corte tomaron la decisión de despenalizar el aborto y al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, se obliga a todas y todos los jueces del país a resolver casos futuros considerando la inconstitucionalidad de las normas penales que criminalicen el aborto.
Esta decisión histórica en la lucha de los derechos y libertades de las mujeres no es un tema a discusión, no se puede ni se debe permitir dar un paso atrás en la protección de estos derechos.
