Reformas van y vienen a la Ley Minera, pero sin beneficios concretos para los municipios
Por Claudia Edith Anaya Mota
La mayoría y sus aliados en la Cámara de Diputados, aprobaron en “fasttrack” una reforma a la Ley de Minería que, esencialmente, reduce los tiempos de concesión a empresas privadas, permite que el Gobierno Federal otorgue permisos de explotación a través de concurso público y se consulte a los pueblos originarios.
Este aval se consumó durante la madrugada del pasado viernes 21 de abril entre acusaciones de violaciones al proceso legislativo, porque los diputados de oposición argumentaron desconocer la totalidad de la propuesta, no hubo discusión en la Comisión de Energía, no se llevaron a cabo Foros de Consulta y gracias al voto mayoritario en el pleno, que consideró la reforma como “urgente resolución”, se decidió “dispensar los trámites” y finalmente, fue respaldada por 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención.
En el Senado de la República, es muy posible que iniciemos el proceso legislativo para analizar la Minuta enviada por la Cámara de Diputados en los próximos días, pero sí quiero compartirles algunos aspectos muy generales y mi principal preocupación.
Actualmente, la ley en la materia, brinda las concesiones mineras por 50 años con derecho a prórroga; la reforma aprobada considera reducir a 30 años la duración de los permisos, con solo una prórroga de 25 años y si las empresas desean más tiempo luego de dicha extensión, tendrán que volver a concursar; también considera prohibir la minería en áreas naturales protegidas y especialmente, a este punto quiero referirme.
Zacatecas es un estado con vocación minera y tiene diversas áreas protegidas a cargo de la Federación y del gobierno estatal. El Parque Nacional de Sierra de Órganos es responsabilidad de la Federación y la cuatro restantes, están a cargo del Gobierno del Estado. Se trata de el Parque Ecológico “Toma de Zacatecas”, la Ruta Huichola, El Cedral y La Quemada, que en total suman poco más de 61 mil hectáreas, pero cabe mencionar, hay otras áreas que aunque no están catalogadas como protegidas, son consideradas como importantes zonas de conservación de flora y fauna endémica, como sucede en los municipios de Juchipila, Concepción del Oro y de aquellos que conforman el semidesierto zacatecano.
En total, hablamos de poco más de 210 mil hectáreas de áreas naturales protegidas que representan el 3% de nuestro territorio, cantidad que, para algunos expertos en la materia, consideran como muy escaso en relación al 31.71% del territorio que se concesiona a empresas mineras nacionales y extranjeras, de acuerdo a los cálculos realizados en 2021 por el Servicio Geológico Mexicano, dependiente de la Secretaría de Economía.
Me preocupa que, aunque se hacen modificaciones a la Ley Minera, no son modificaciones que tengan un impacto positivo en las comunidades que desarrollan esta actividad económica.
A consecuencia de una reforma, en 2019 nos quitaron el Fondo Minero, que representaba ingresos de entre 700 y 800 millones de pesos que iban directamente a los municipios y comunidades para infraestructura social y pese a que nos destacamos como el primer lugar en producción de plata, seguimos siendo en esencia, una entidad pobre.
La minería produce riqueza, tan es así, que representa una importante fuente de recaudación para la federación, pero pese al impulso de nuevas reformas legales en la materia, seguimos teniendo como pendiente que esta actividad económica traiga riqueza a las comunidades y municipios que la producen.
*Senadora de la República.
