Elizabeth Mauricio González.
LA SCJN DEMOSTRÓ QUE SÍ HAY DIVISIÓN DE PODERES EN MÉXICO.
Insinuando la concepción clásica propuesta por Montesquieu en su colosal obra “Del Espíritu de las Leyes”, donde expresa la premisa de que la división de poderes es un principio fundamental de la organización política y jurídica de un país.
En el caso de nuestro México, este principio se encuentra plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se divide en tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
“El poder público de los estados se divide, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no pudiendo reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo”.
Cada uno de ellos tiene una función específica y autónoma. A groso modo, el Poder Ejecutivo se encarga de administrar y dirigir el país, el Poder Legislativo elabora y aprueba las leyes, y el Poder Judicial se encarga de interpretar y aplicar las leyes, considerando en todo momento la prevalencia de la CPEUM.
La SCJN es la máxima autoridad judicial en México y cuida la defensa de la Constitución y la garantiza los derechos humanos. En su función de intérprete de la Constitución, la Suprema Corte tiene la responsabilidad de revisar y resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, por ese motivo es que se le permite asegurarse de que las leyes y los actos de los poderes públicos se ajusten a los principios y valores fundamentales descritos en la Constitución.
Cuando el Poder Legislativo aprueba leyes inconstitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede intervenir y ejercer su función de control constitucional, es decir, puede declarar la inconstitucional y, por lo tanto, no puede ser aplicada en ningún caso.
En México, al perecer se está violentando de hecho nuestra constitución, lamentablemente el poder legislativo se ha olvidado de representar a todos los Mexicanos, pues, a la mayoría solo les interesa representar a uno, lamentablemente los intereses personales y la partición de puestos y candidaturas ha pesado más que el bienestar del país.
Un solo hombre no puede ser el Estado, un solo hombre no puede ser la democracia, un solo hombre no debe ni puede estar por encima de las instituciones que han costado sangre de mexicanas y mexicanos que lucharon para su construcción.
Hoy la mayoría avasallante del partido en el poder está a merced de una orden, el servilismo a un solo hombre es inadmisible, hacer reformas exprés es inadmisible, como inadmisible es que se hable de un juicio político contra integrantes del poder judicial; es inadmisible que se le persiga a los impartidores de justicia por cumplir con su labor.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la invalidez de la primera fracción de normas que constituyen el Plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con lo que solo quedaron vigentes cuatro de las seis leyes que fueron modificadas por el Congreso de la Unión.
La SCJN nos demostró con esta determinación que en México sí existe la división de poderes y que en democracia no está todo perdido, que las voces de millones de mexicanos se hacen escuchar por medio de este poder, justo ahora que se requiere valentía para aguantar el embate contra las instituciones promovida desde el ejecutivo federal; ahí aparece la SCJN, a dar esperanza al pueblo mexicano.
