ATAQUE A MINISTROS ANUNCIA GOLPE DE ESTADO
Beatriz Pagés
A López Obrador le urge dar un golpe de Estado. Le gustaría disolver la Corte y declarar un estado de excepción con ayuda de las Fuerzas Armadas para impedir que hubiera elecciones en el 24.
La furia incontenible del presidente en contra de los ministros que invalidaron la primera parte del Plan B tiene una causa clara: nueve de ellos pusieron dinamita al pilar más importante del proyecto político del régimen. A la pretensión de instaurar una dictadura.
Si estos mismos ministros deciden anular la totalidad del Plan B y no sucumben ante las amenazas del presidente, la Corte pasará a la historia como la institución del siglo XXI que puso a salvo al país de una tiranía.
Lo pondrían a salvo porque de haber avalado la reforma presidencial las leyes y órganos electorales quedarían bajo el control de un presidente absolutista que quiere utilizar las urnas para convertirse en un mandatario vitalicio que pueda imponer legisladores y gobernantes.
La cólera llevó a López a cometer dos grandes errores políticos: sugerir llevar a juicio político a los ministros que votaron en contra del Plan B y proponer que los integrantes de la Corte sea electos por voto popular.
Dos excesos que lo pintan de cuerpo entero: Andrés Manuel López Obrador es un fascista decidido a utilizar todo el poder que le da el cargo para impedir el cambio de poderes en el 24. Quiere a ocho ministros demócratas fuera de la Corte para nombrar a otros y otras que – como Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz- sirvan a sus propósitos totalitarios.
La idea de que los ministros sean electos por voto popular no es una idea suya. No es la primera vez que la propone y viene del catecismo chavista venezolano del que tanto es adicto. Y no es para que la Corte deje de estar “podrida”. Si estuviera podría “arreglarse” con ella. No. Quiere que los ministros se sometan a las urnas para que se la deban a la clientela política de Morena.
El presidente sabe que el voto de Morena se derrumba. Que no hay condiciones para ganar las elecciones presidenciales. Así que prepara, lo que llama Porfirio Muñoz Ledo un “golpe de Estado silencioso”.
Le quedan diez y siete meses para construir su estrategia golpista. Ya mandó dar un “golpe parlamentario” cuando ordenó a sus bancadas aprobar al vapor diez y ocho reformas para empoderar aún más a las Fuerzas Armadas.
Ya ha venido haciendo escarceos con su salud. Ha dejado que los rumores corran y luego resucita. Prueba el terreno para ver si pide licencia y opera como un “candidato en la sombra” a favor de su sucesor a sucesora.
Ya acelera la colonización del INE a través de seis o siete consejeros que, empezando por la presidenta Taddei, son claramente morenistas.
Ya coopta y somete a dirigentes de partidos políticos de oposición para que los diputados y senadores avalen atropellos como la militarización del país.
Lo que busca en definitiva López Obrador es legalizar un golpe de Estado y para ello necesita destruir a la Corte.
