¿Primero los pobres? CONEVAL tiene otros datos
Por Claudia Edith Anaya Mota
Recientemente, el Centro Nacional de Evaluación (CONEVAL) realizó su diagnóstico de evaluación de la política social de la presente administración con la finalidad de identificar los retos que aún tenemos como nación para enfrentar la desigualdad social, que no solo abarca el aspecto económico, sino también el ejercicio de los derechos sociales.
En primer término, el CONEVAL subraya que los efectos de la pandemia provocada del COVID 19 son de largo plazo, por lo que identificarlas, servirá como brújula para la construcción de las políticas públicas en este sexenio y el venidero. A continuación, abordaré los indicadores más sobresalientes:
La alimentación ha sido uno de los derechos más afectados durante la pandemia; destaca que inseguridad alimentaria tuvo un incremento, al pasar de 19.2% al inicio de esta administración, hasta llegar al 21.5% en 2020.
La educación a distancia, como política pública emergente, dejó evidencia del acceso restringido al internet en computadoras personales o tablets, pero además, expuso la falta de educación tecnológica tanto de los maestros como de los alumnos para poder desarrollar los contenidos pedagógicos, lo que trajo como consecuencia que en el ciclo escolar 2020 – 2021, se inscribieran menos educandos en todo el país, al pasar de 33.6 millones a 32.9 millones y hasta hoy no se ha establecido un modelo educativo que, derivado de esta experiencia, reduzca la brecha digital expuesta.
Por otra parte, la focalización en la atención a los contagios por coronavirus en el sector público, provocó que otras enfermedades dejaran de atenderse, por lo que las personas que requirían atención médica constante, fueron afectadas a largo plazo por el detrimento en su salud. Resalta que únicamente el 19% de los enfermos crónicos, recurrieron al sector privado para su atención, afectando considerablemente su gasto familiar, en tanto que el resto, no tuvo ninguna.
Una de las formas para evitar la propagación del coronavirus era el constante lavado de manos y la limpieza en general en el hogar. En ese tenor, únicamente el 55% de los hogares tuvieron siempre agua potable en su casa y tampoco hubo algún esfuerzo local o nacional por cubrir esta carencia que significaba la disminución considerable de contagio.
La pobreza laboral se refiere a que el ingreso familiar dentro de un hogar, no es suficiente para alimentar a todos sus integrantes; en ese sentido, resalta que, en el tercer trimestre de 2022, este indicador incrementó del segundo al tercer trimestre de 38.3% a 40.1% en todo el país, siendo la población rural la más afectada.
A modo de conclusión, CONEVAL afirma que si bien es cierto que el Congreso de la Unión ha garantizado el ejercicio de los derechos sociales en nuestra Carta Magna y que la dispersión de apoyos económicos sí ayuda, esta política social resulta insuficiente en tanto no se considera una atención integral y universal a las poblaciones vulnerables.
En el caso del derecho a la alimentación, recomienda retomar y fortalecer los apoyos que se brindaban en los comedores escolares en las escuelas de tiempo completo y en las cocinas económicas comunitarias, además que en dichos lugares, se identifique a la población objetivo para prevenir o arender la desnutrición u obesidad.
Respecto de la educación pública, el estado debe inventir presupuesto para equipar las aulas con tecnología para la educación a distancia, pero al mismo tiempo, capacitar a los docentes en el manejo y adaptación de los contenidos a las necesidades pedagógicas de las y los alumnos.
En relación a la salud, es principal reto es garantizar el financiamiento de los servicios públicos para que exista acceso y disponibilidad de los tratamientos de las diversas enfermedades para evitar el incremento del gasto de bolsillo, así como los gastos catastrógicos en las poblaciones vulnerables; además es fundamental realizar ajustes en el Reglamento a la Ley General de Salud en materia del Sistema Nacional de Salud para tener claridad en los mecanismos de coordinación entre la Secretaría de Salud Federal con el IMSS Bienestar y los estados.
En relación a la pobreza laboral, CONEVAL reconoce que la política de incremento al salario mínimo es correcta, siempre y cuando la política inflacionaria no genere una falta de poder adquisitivo
En suma, este documento que hoy les comparto grosso modo, es un diágnostico de nuestras carencias y fallas, pero resulta valioso porque permite la reflexión de aquellos que tienen a cargo la gobernanza en sus estados para recuperar e incrementar la calidad de vida, que al final, beneficia a todas y todos.
*Senadora de la República.
