La violencia política de género se exacerba con la cercanía del 2024
Por Claudia Edith Anaya Mota
El rechazo a la violencia en contra las mujeres fue un compromiso internacional plasmado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres de 1993 y se definió como: “Todo acto a toda aquella persona del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluyendo también las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”, es decir, la violencia de género, es en sí una expresión de discriminación hacia las mujeres, violenta sus derechos y tiene como resultado impedir nuestra participación en las mismas condiciones que los hombres, en la vida política, social, económica y cultural.
Si hablamos concretamente de violencia política en razón de género, este término es relativamente reciente, porque en nuestro país aparece en el momento en que las mujeres comenzamos a participar de manera colectiva en los espacios de poder público, espacios donde prevalece un orden y una organización basados en los ámbitos de actuación masculina. Ejemplo de lo anterior, es que a las candidatas, se les cuestiona un “abandono a su rol de “mujer” (sic)”, un abandono del hogar”, un “abandono a los hijos” por participar en política, es decir, cuestionamientos que no se hacen a los varones que aspiran a un mismo cargo público.
Recordemos a principios de marzo de 2013 en el Senado de la República, se aprobó una reforma que tipifica por primera vez en México “la violencia política de género” que se expresa al interior de los partidos, durante las campañas electorales, en las dependencias públicas e incluso en el ámbito legislativo
En la reforma se define la violencia política de género como “las acciones agresivas cometidas por una o varias personas que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una mujer o varias, en ejercicio de la representación política”. Asimismo, establece que los actos de violencia política hacia las mujeres serán, entre otros, los impuestos por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo, así como proporcionar a las mujeres candidatas información falsa, etc.
Lo cierto es que a las mujeres, se nos imponen una serie de obstáculos y limitaciones impuestas por nuestra condición de género, que se traducen en eventos explícitos e implícitos de agresión y violencia, eventos que me temo, se incrementarán con el tiempo, porque la presencia de “las corcholatas” aceleró el furor electoral, pero más aún, la posibilidad de que una mujer encabece los esfuerzos rumbo al proceso electoral del año que viene por parte Frente Amplio por México.
Este tipo de violencia que se ejerce desde el Palacio Nacional y se multiplica en las redes sociales, es una manifestación que da cuenta de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegios establecidos entre hombres y mujeres en la sociedad. El acoso político a través de las redes sociales también son una manifestación de las relaciones de fuerza y poder que son un reflejo de la construcción social entre hombres y mujeres en la sociedad, pero esta, es aún mayor en en ámbitos locales, donde se presiona, persigue y desprestigia a las mujeres para impedir su participación en el ámbito político.
Aunque no son los tiempos legales ni ha iniciado formalmente el proceso electoral 2024, las mujeres que somos competitivas y nos dedicamos a la política ya nos enfrentamos a ataques y cuestionamientos que nada tienen que ver con nuestro desempeño, sino con nuestra vida personal, familiar, fundamentados en rumores creados con la finalidad de menoscabar nuestra honorabilidad e imagen pública y así, desalentarnos y crear una falsa barrera para el desarrollo de nuestras carreras.
Espero que nuestras denuncias sí sean atendidas con prontitud por los Tribunales Electorales, que existan sanciones contra los agresores, que los mecanismos de protección contra las mujeres que participamos en la vida pública del país funcionen eficazmente, porque la guerra sucia que ya se promueve desde el poder, lastima no solo a las mujeres aspirantes, sino también a sus familias. Es preciso que, a las víctimas, a quienes padecemos estas prácticas, también tengamos justicia.
*Senadora de la República.
