La realidad contenida en la ley.
Por: Jenny González Arenas.
En el mundo actual, hemos aprendido a vivir en torno a nuestro propio ser. Las políticas neoliberales nos llevaron a un individualismo exacerbado en el que solo parece importarnos lo que nos pasa a nosotros mismos, sin ocuparnos, ni preocuparnos, por las personas que nos rodean.
Así, las políticas públicas enfocadas en reconocer el esfuerzo individual, no son otra cosa que la atomización de la clase trabajadora, porque el patrón se dio cuenta que un grupo de personas organizadas para luchar por sus derechos eran más poderosas que toda la fuerza económica que un empleador podría verter sobre esos derechos de las personas, obtenidos con la lucha colectiva.
Es por ello que hoy nos encontramos en esta encrucijada, en la que no vemos la lucha colectiva sino las luchas individuales, perdemos de vista los objetivos grupales y nos sentíamos en intereses personales. Es la fractura y división social la que nos tiene en estos momentos en esta encrucijada.
Hoy vemos tristemente como las autoridades hacen de lado un contrato colectivo que, dicho sea de paso, no conocen y pisotean los derechos de las y los maestros so pretexto de lo que históricamente se ha hecho, a pesar de que se haya hecho mal.
Muchas veces escucharemos el argumento de que “aquí siempre se han hecho las cosas así” pero nunca escucharemos decir lo que legalmente se debió hacer. Y es ahí donde se crea el conflicto, en una batalla entre lo que es e históricamente ha sido, aunque este mal, frente a lo que debe ser y legalmente se debe hacer porque es como debe hacerse realmente.
Algunos en este punto podrán estar pensando que la costumbre es una fuente del derecho y, teóricamente así es, solo que para que la costumbre se vuelva ley se necesita que se actualicen diversos supuestos, uno de ellos es que no exista una norma legal aplicable a la situación concreta, otro es que, al no existir una norma, se realiza una conducta que no contraviene otras normas existentes, es decir, no violente derechos, para que de esa forma, la conducta que se esta generando y que puede llegar a convertirse en costumbre, pueda aplicarse supletoriamente ante la falta de legislación y porque no violenta los derechos de los demás.
Pero, qué pasa cuando una autoridad comienza a hacer cosas indebidas, fuera del marco de la ley y, las ha hecho tantas veces, que alega costumbre, a sabiendas que si existe una ley aplicable al supuesto y que la conducta que ahora se señala como costumbre si violenta los derechos de las personas. Esto es contrario a todo principio general de derecho además de ser injustificado e ilegal.
Cuando la legalidad es inminente, cuando todo está escrito, por ejemplo en un Contrato Colectivo de Trabajo, depositado ante autoridad competente y a la mano de todas las personas para que se pueda consultar, no hay costumbre contraria a la ley que pueda sostenerse, porque la norma existe para que no se den arbitrariedades, porque la realidad contenida en la ley es para controlar el abuso del poder, porque la lucha de las personas colegidas en grupos organizados como sindicatos, federaciones y/o confederaciones era, precisamente para detener los abusos de poder.
Es momento de llevar la discusión a un plano en el que impere la norma y no el capricho, en el que se logren acuerdos en el marco de la ley y no en intentos efímeros de menoscabar el único espacio colectivo que nos queda. La Universidad pública debe ser ejemplo de respeto a la normatividad.
Maestra Investigadora y Secretaria General del SPAUAZ
