El mensaje del Quinto (Des)Informe de Gobierno
Por Claudia Anaya Mota
El artículo 69 constitucional establece, entre otros temas, la obligación del Presidente de la República de presentar ante el Congreso de la Unión, el día de la apertura del periodo de sesiones ordinarias, un informe en el que da cuenta del estado general de la administración del país. Efectivamente, en el Palacio Legislativo de San Lázaro a través de la titular de la Secretaría de Gobernación, el pasado viernes 1 de septiembre, las y los diputados federales, así como las y los senadores de la República, recibimos el documento.
Este año, me llamó la atención que, a diferencia de años anteriores, el Presidente López Obrador, decidió “en reconocimiento a las aportaciones culturales y económicas del Estado de Campeche a la nación”, emitir su mensaje (que no informe) desde aquella entidad del sureste mexicano.
Son varias las razones por las que sostengo que el Informe Presidencial, se convirtió en un (des)informe o se transformó en un mensaje que demeritó la formalidad y el objetivo de comunicarnos el estado real de esta administración en distintos rubros, porque lo que resaltó, fueron frases triunfalistas y promesas de mejora, tal como si aún estuviera en campaña.
Quiero mencionar tres ejemplos de lo anterior; para el presidente hay un balance general positivo, gracias a que su “proyecto alternativo” de atender primero a los pobres y a su política de austeridad, han dado resultado porque al día de hoy, “ya no existe” corrupción en su gobierno, una narrativa que el 56% de mexicanas y mexicanos cree, pero lo cierto es que persisten evidencias de que la corrupción y la impunidad siguen presentes.
De acuerdo con el INEGI (Instituto Nacional de Geografía e Informática) y su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la tasa de prevalencia de corrupción reportado por los propios ciudadanos al realizar un trámite personal—que es de 14,701 por cada 100 mil habitantes—es 21% superior este año que hace una década. También la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, nos muestra que el 93.2% de los delitos que se cometieron en el país en el último año o no fueron denunciados, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación.
Luego entonces, la corrupción se sigue situando entre los tres principales problemas del país, en esta ocasión solo superada por la opinión de 54% de las personas que señalan, con razón, que la inseguridad es un problema que preocupa aún más y de ello, las y los zacatecanos, lo sabemos muy bien.
Uno de los objetivos de esta administración federal es “erradicar la desaparición forzada” y “disuadir a los actores que la realizan”, tal como está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo y durante su mensaje, el presidente afirmó que “ya no se desaparece a personas” ni “tampoco se tortura a personas”.
Esta afirmación es contraria a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del propio INEGI, ambas fuentes señalan que en este sexenio se registraron 43 mil 533 personas desaparecidas o no localizadas y tan solo en 2022, las víctimas se contabilizaron en poco más de 9 mil
Otro tema que preocupa mucho a las familias zacatecanas, es la salud. Por enémisa ocasión, el titular del poder ejecutivo, reiteró el compromiso de “hacer realidad el derecho a la salud, porque ya funciona el IMSS-Bienestar en 18 estados y hemos mejorado muchísimo el abasto de medicamentos”.
Acorde con el más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) señala que durante este gobierno, fue más complicado obtener medicamentos y atención médica gratuita, lo que provocó que entre pasáramos de 35.7 a 50.4 millones de personas con esta carencia, es decir, hay 14.7 millones de personas más sin poder ejercer este derecho humano fundamental.
En suma, fue un mensaje que no reconoce los rezagos, no reconoce el sufrimiento de las familias que no tienen para ir al médico y si van a consulta, no hay tratamientos para su enfermedad, tampoco reconoce la tragedia de quienes tienen un familiar desaparecido, no reconoce tampoco que la violencia se recrudece; ningún informe emanado de la presidencia o de sus secretarías lo hace, pues están para resaltar logros y no fracasos, sin embargo, los fracasos están a la vista.
A esta administración se le acaba el tiempo y no hay posibilidad de que lo que no lograron en un lustro, lo alcancen apenas 12 meses.
Senadora de la República
