¡Queremos trato digno para denunciantes víctimas de violencia!
Bennelly J. Hernández Ruedas
Todas las mujeres que han sido víctimas de violencia, en cualquier etapa de su vida, deben gozar de acceso a su derecho para la procuración de justicia; así como que este proceso sea oportuno, de credibilidad y atención inmediata.
Sin embargo, en las instituciones abocadas a dicha procuración, los estereotipos de género y machismo, continúan presentes en el quehacer ministerial y judicial; lo que dificulta e impide que las pocas personas que se atreven a denunciar un delito, tengan acceso al debido proceso de justicia.
¿Qué es lo que sucede?, las víctimas llegan a recibir tratos hostiles, tan solo por abuso de poder del servidor público; tales como, responder a interrogatorios intimidantes, poco respetuosos; de carácter tendencioso o haciendo uso de comentarios lesivos, con una clara intención de invadir la intimidad.
En el peor de los casos, invalidando la palabra de la denunciando, revictimizándola, al minimizar los efectos, en la búsqueda de justicia y reparación del daño. Es lamentable, considerando que estas acciones, solo contribuyen a que se sigan generando prácticas dilatorias, de encubrimiento, simulación u omisión; mismas que impiden el esclarecimiento de los hechos y problemáticas denunciadas.
En nuestro país, en las últimas décadas ha habido una creciente ola de delitos de género; perpetuados bajo diversos tipos de violencias, como es la física, psicológica, sexual, política, entre otras que; en los casos más terribles, han llegado incluso al homicidio de las víctimas, por no ser atendidas bajo el debido proceso.
En este sentido es que, desde finales del año pasado, presenté una iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de trato digno.
El propósito de la misma es, eliminar las malas prácticas e inadecuada atención que existe en la procuración de justicia; siendo esta un derecho y una garantía que deben tener todas las mujeres víctimas de un delito de violencia de género, al interponer una denuncia.
¿De qué manera?, sancionando los incumplimientos que existan sobre esta índole, al ser causa de una responsabilidad administrativa; conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De poco sirve lograr un robusto entramado jurídico en favor de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, cuando tenemos en los espacios de procuración de justicia, servidores públicos que obstaculizan el trabajo, al no desempeñar sus funciones con el debido profesionalismo; adecuándose al debido proceso y aplicando las Leyes, Códigos y Reglamentos que, para tal fin fueron concebidos y decretados.
Después de algunos meses, en los cuales esta iniciativa fue analizada y discutida por la Comisión de Igualdad de Género, esta semana regresó como dictamen al pleno, donde satisfactoriamente fue aprobada en unanimidad, con 415 votos a favor.
Es satisfactorio obtener este logro, que puede coadyuvar directamente a reconstruir un sistema capaz de brindar un trato humanizado y no meramente burocrático; garante del respeto y protección de los derechos humanos de las víctimas y sus familias.
Debemos erradicar los tratos inadecuados al momento de acudir a denunciar. Considerar que, para muchas de las víctimas representa un momento difícil, de buscar ayuda y protección; y no podemos permitir que recaiga en una nueva violación a sus derechos humanos, con la revictimización.
Este mismo trato, también deberá aplicarse en los casos de denuncias anónimas, de mujeres y niñas víctimas de violencia.
Queremos que los servidores encargados de procurar justicia en nuestro país, cumplan su actividad, favoreciendo el trato humanitario y digno para todas aquellas personas víctimas de delito que, con gran valentía y muchas veces dolor, dan ese voto de confianza a las autoridades, denunciando, para lograr construir un mejor país.
El dictamen ya fue turnado al Senado de la República, para sus efectos constitucionales. De ser aprobada, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
*Diputada Federal
