El Asalto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Por: Claudia Edith Anaya Mota
En la última década del siglo pasado, nuestro país implementó una serie de cambios para responder de manera institucional y pacífica, a la constante demanda de democratización de la vida pública nacional y dejar atrás el esquema presidencialista y autoritario, que nada tenía ya que ver con aquella sociedad plural que demandaba que el país se construyese no bajo una visión unilateral o de partido único, sino que sumara las distintas visiones que componían al país y que hasta ese momento, habían permanecido acalladas por la mayoría gobernante.
Uno de esos cambios, fue precisamente la reforma constitucional al Poder Judicial que se llevó a cabo el 21 de septiembre de 1994; en ella, se aprobó brindar a dicho poder, el principio de inamovilidad de los jueces y magistrados, precisamente para dotarlos de autonomía e independencia del gobierno federal en turno, que los mantuviera lejos de ideologías y simpatías para poder garantizar la objetividad en sus decisiones, basándose únicamente en los postulados y normas emanadas de las leyes, sin tener restricciones, influencias, amenazas o presiones indebidas por cualquier motivo.
Con la aplicación de este principio, se buscó brindar la garantía a la sociedad y a la ciudadanía, de contar con servidores idóneos para impartir justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, tal como lo establece el artículo 17 de nuestra Constitución y además, se estableció también el escalonamiento de los nombramientos de los magristrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que brindó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo en turno, propusiera a 3 aspirantes a magistrados al Senado de la República y si estos cumplían con el perfil de idoneidad para desempeñar el cargo, entrarían en funciones, es decir, se trató de que ningún Presidente bajo ninguna circunstancia, tuviese el control del Poder Judicial.
Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está compuesta por 11 elementos y en estos 5 años de la actual administración, el Poder Ejecutivo Federal va por el quinto magistrado, es decir, dos más de los que comúnmente corresponden a cada presidente en su periodo de gobierno, debido a que a principios de este sexenio, el entonces Ministro Eduardo Medina Mora renunció y en la opinión pública se dijo, que a consecuencia de presiones externas y en días recientes, renunció también el Ministro Arturo Zaldívar, para sumarse, dijo, a la campaña de quien encabeza los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional y que en un futuro, será la candidata oficial a la Presidencia de la República el próximo año.
Lo cierto es que la distinción y la responsabilidad de desempeñarse como Ministra o Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un cargo al que solo puede renunciarse por causas graves y en ninguno de los casos antes señalados, dicha causa grave se pudo comprobar. Lo preocupante es que pese a ello, la mayoría de Senadoras y Senadores pertenecientes al partido en el poder y sus aliados, aprobaron dichas renuncias.
De todos es conocido el conflicto que existe entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo Federal, derivada de las determinaciones que han tomados los ministros sobre la inconstitucionalidad de las reformas impulsadas por el Presidente López Obrador en estos dos periodos legislativos, porque estas no han cumplido con el debido proceso legislativo, ni con el reglamento que rige el Congreso de la Unión, todo ello, como resultado de su falta de diálogo y de construcción, por lo que prefirió imponerse por encima, incluso, de la Constitución, lo que brindó la oportunidad a la oposición para que presentáramos los argumentos ante nuestro máximo tribunal y hasta ahora, nos ha dado la razón.
El riesgo es que hay la clara intención del titular del Poder Ejecutivo de aduñarse no solo de la mayoría del Congreso, sino también de la mayoría de conforma el Poder Judicial, porque la terna que nos ha enviado al Senado para sustituir al Ministro Zaldívar está conformado por tres mujeres militantes de su partido: MORENA.
Seguramente esta propuesta no pasará, pero el Presidente puede enviarnos una segunda con similares características y si la volvemos a rechazar, habrá una tercera y última oportunidad, pero en esta ocasión, considera que el Presidente tiene la facultad de nombrar directamente a la nueva Ministra o Ministro de la Corte, sin que pase por la aprobación del Senado.
Estamos frente a una clara intención de colonizar cada poder que integra la unión para convertirlo en un movimiento político e ideológico, lejos de representar la pluralidad de ideas que conforman el México del Siglo XXI, regresando a ese pasado autoritario del siglo XX que se supone, con la alternacia, habíamos superado.
*Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República
