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PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA POLÍTICA

Por: Isadora Santivañez Ríos

Las mujeres tenemos el derecho legítimo de participar en condiciones de igualdad en la vida púbica, demostrando capacidad como líderes y agentes de cambio, mientras generamos acciones de trascendencia que permitan abonar a una mejora social constante, por lo que el respeto a nuestros derechos, obligaciones, así como atribuciones, es fundamental para garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisión.
Sin embargo, las principales barreras que enfrentan las mujeres al momento de ejercer cualquier tipo de liderazgo, son las estructurales, ya que el régimen político mexicano está basado en raíces patriarcales que de manera sistemática relega al género femenino, normalizando los esquemas tradicionales de segregación y violencia que se viven día a día dentro del ámbito público y social.
Así mismo, las llamadas brechas de género obstaculizan los procesos óptimos para que las mujeres puedan desempeñarse en el ámbito profesional y social de manera adecuada, lo que limita sus posibilidades de crecimiento y las hace más complicadas. Es decir, a las mujeres les cuesta el doble poder emprender cualquier proyecto a la par de cumplir con sus “obligaciones” domésticas o familiares.
Todo esto, genera una condición de inequidad en la que el piso no es parejo y los llamados techos de cristal continúan siendo endebles ante la realidad de un sistema que relega y minimiza el papel de la mujer en la vida política y pública de nuestro país.
La principal lucha que enfrentan las mujeres para garantizar su participación efectiva en la política de nuestro país, siguen siendo los obstáculos estructurales arraigados en leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género que son ampliamente discriminatorios y que obligan a la mujer a cumplirlos, aunque racionalmente sean totalmente injustos.
Es allí en donde la mayoría de las iniciativas de ley, tendientes a garantizar los derechos políticos de las mujeres han basado sus esfuerzos en crear barreras que impidan se les siga relegando a un segundo plano, en cuanto a los cargos de toma de decisión y dirección se refieren.
La instauración de nuevas leyes debe incluir necesariamente reformas constitucionales tendientes a garantizar un acceso equitativo de las mujeres a la vida pública, ya sea como votantes, candidatas, representantes electas, servidoras públicas, o cualquier otro cargo, en donde la toma de decisiones fortalezca la democracia y la igualdad en nuestro país.
Aún en la actualidad, muchos debaten respecto a la importancia de que las mujeres incursionen en la vida pública en condiciones equitativas y de igualdad, aun y cuando la respuesta es evidente, por supuesto que es indispensable garantizar una verdadera democracia representativa, en la que la mitad de la población de nuestro país, compuesta por el género femenino, logre incursionar en espacios de toma de decisiones, garantizando que la causa que las une, sea visibilizada, defendida, respaldada y principalmente representada.