“VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES”.
Elizabeth Mauricio González.
Hablar de violencia política contra las mujeres es hablar de violación a esferas jurídicas y la urgencia de ampliar marcos normativos.
Existe y seguirá existiendo una resistencia para que las mujeres ocupen cargos de poder.
En comunidades, centros delegacionales, regidurías, consejerías, alcaldías, diputaciones, senadurías, existen techos de cristal y obstrucción de funciones, difamación, resistencia para que las mujeres accedan y luego ejerzan esas posiciones de poder.
Es evidente que si el INE y/o IEEZ no obliga a los partidos políticos a cumplir con acciones afirmativas, muchas mujeres no llegarían a ocupar cargos de relevancia en la esfera pública y política de sus municipios, estado y país.
Afortunadamente, ya hay bastante legislación al respecto, sin embargo, hay que ampliar el margen. Al grado de que también se juzgue por violencia política a razón de género a quienes violenten e impidan realizar sus labores encomendadas a quienes fueron designadas a un cargo o que concursaron para que se les asignara alguno, pues a final de cuentas es un acto del ejercicio del poder y dependen del andamiaje político para llegar a obtener la designación al cargo, ya que no se puede separar la política de la administración pública, pues van de la mano y dependen una de la otra viceversa.
Violentar y obstruir funciones a una mujer designada por un cabildo, un gobernador, ratificada por una legislatura, va más allá de un acto administrativo, es violencia política a razón de género, además la legislación en una interpretación amplia lo permite, pues la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Zacatecas así como los tratados internacionales dan pie a que se pueda ampliar ese criterio.
Pues a final de cuentas solo falta la voluntad del legislador para de verdad hacerlo.
Aparentemente, hay muchos “derechos para las mujeres” sin embargo, la verdad es que muchas de nuestras leyes son letra muerta en la vida cotidiana y esa es la razón por lo que muchas mujeres prefieren no denunciar, pues es un desgaste horrible.
En mi caso particular, como abogada de mujeres que han sido víctimas de Violencia Política de Género, he sido testigo de cómo actos cobardes de maltrato, difamación y actitudes violentas pueden mermar la esfera jurídica y anímica de las mujeres que padecen este delito.
Aún existen funcionarios poco capacitados, con sensibilidad y con perspectiva de género, alimentando el sentimiento a las víctimas de daños psicológicos, impotencia y desesperación, además de que si no estás haciendo excitativas de justicia, el asunto puede que queda rezagado
Ser mujer no es fácil en México, pero ser una mujer violentada por una persona que tiene “poder político es horrible”, se vive en la incertidumbre, los que te pueden ayudar no los hacen o porque no quieren, o porque les eres indiferente o porque simplemente hay más casos que tratar y si a eso le sumas la situación de inseguridad por la que pasa el estado y el país es algo terrorífico, pareciera que es un callejón oscuro que no tiene fin y que no vez la hora que amanezca.
Necesitamos autoridades más empáticas, más preparadas, que tengan perspectiva de género, pero más que nada que tengan la voluntad y la visión de ponerse en los zapatos de las mujeres justiciables que sufren violencia política.
A veces ese trato y las circunstancias de las mujeres pueden cambiar sumando una palabra a la legislación, que se reconozca un derecho ganado y legitimado.
Es muy importante que se agregue a la legislación el catálogo de sanciones a los servidores públicos en ejercicio del cargo, una reforma integral a la ley electoral y al código penal debido a que NO EXISTE AÚN ni en la legislación federal ni en la Constitución del Estado de Zacatecas o la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dicha sanción para los agresores así como el reconocimiento de derechos plenos a las víctimas.
Es urgente que se legisle al respecto debido a que sin duda la impunidad impera en los hechos, principalmente porque en la mayoría de las ocasiones los agresores están cuidados por el sistema corruptor y el sistema de compadrazgos de la política.
El estado mexicano no cumple con las normas internacionales a las que México se ha comprometido a cumplir en la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), pues, no es verdad que se sanciona a personas que ejercen violencia política contra las mujeres como debiera de hacerse, pues el caso de sanciones a servidores públicos en el ejercicio del cargo el estado mexicano nos queda a deber a las mujeres.
ASÍ COMO LA LEY OLIMPIA, LA LEY 3 DE 3 SE HAN LOGRADO HAGO UN LLAMADO A TODAS LAS MUJERES QUE HAN SIDO VIOLENTADAS POR UN SERVIDOR PÚBLICO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PARA HACER POSIBLE ESTAS REFORMAS PARA QUE NINGUNA MUJER TENGA QUE PADECER NUNCA MÁS ESTA CLASE DE VIOLENCIA.
#Ningún Agresor en el Poder
#Yo sí te creo.
#8M24
