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Agresión a maestros: Caso resuelto

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Por Aquiles González Navarro

La Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDH se declara incompetente para conocer de la “trifulca”, con resultado de varios maestros lesionados en el evento de renovación de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 34, al no evidenciarse actos de autoridad como participante, según dice la Presidenta del organismo.

En tanto que la recién nombrada Secretaria de la sección magisterial, Soralla Bañuelos, admite que el personal paramilitar fue contratado en la Ciudad de Torreón, Coahuila, por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de maestros, con fines de seguridad privada. La Jornada en su edición del 28 de julio, resalta nombres y otros datos que identifican plenamente a los integrantes del grupo de choque, lo que permite localizar a los responsables de la agresión a los maestros disidentes.

Un funcionario de la sección 38 del SNTE, da a conocer que los sujetos contratados para romper el evento de los maestros, no están constituidos en empresa formal de seguridad privada, sino que se trata de personas adiestradas en artes marciales, bien conocidos en Torreón, Coahuila, como agresivos, prepotentes y con antecedentes rijosos, que fueron Contratados por Alfonso Cepeda Salas, responsable del Colegiado Nacional de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional. (La Jornada 28 de julio 2016.)

Por otro lado, el área responsable de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hace la aclaración de que, a pesar de haber estado informados, en tiempo real, de los acontecimientos que ocurrían al interior del hotel sede del evento sindical, y de que los maestros disidentes eran agredidos por el grupo de choque de Torreón, no intervinieron, a pesar de encontrarse afuera del local, porque no fueron llamados por el gerente del hotel y que, al ocurrir los hechos (delictuosos) en local privado, no estaban autorizados para irrumpir.

Así las cosas, el asunto de los hechos delictuosos ocurridos en conocido hotel de la capital, donde varios maestros disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 34, ha quedado esclarecido y tan sólo falta la voluntad de la Procuradora General de Justicia para hacer, precisamente: justicia.

Los sujetos pertenecientes al grupo paramilitar, responsables del delito de lesiones y, quizá de asociación delictuosa, son vecinos de Torreón, Coahuila, están plenamente identificados y son localizables. No hay dificultad alguna para integrar las carpetas de investigación y ejercitar las acciones penales correspondientes.

En el caso de los elementos de Seguridad Pública del Estado, es obvio que incurrieron en el delito previsto en la Fracción III del artículo 194 del Código Penal del Estado, que se equipara al abuso de autoridad, al negarse a proporcionar la protección a que están obligados como elementos de seguridad.

Lo anterior sin que sea válido el pretendido argumento de un supuesto impedimento para irrumpir en el local, pues el hotel ofrece servicio al público y en consecuencia es de acceso libre y, aún en la hipótesis de local cerrado y privado, se imponen las excluyentes de estado de necesidad y cumplimiento de un deber, previstas en el artículo 13 del Código Penal del Estado, que permiten no sólo irrumpir sino hasta fracturar puertas para ofrecer la protección obligada a los ciudadanos.

Los maestros lesionados están en espera de la voluntad política, jurídica y ética de las instancias de procuración de justicia.

¡UNA BUENA!

“Después de 4 años abren el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses”, cabecea a ocho columnas “La Jornada” en edición del 29 de julio.

Excelente noticia que viene de un gobierno que en “sus tiempos” no logró entender la importancia de la investigación de los delitos y la identificación y localización de los delincuentes. Pasaron cuatro años a fin de que se diera el apoyo necesario e indispensable para un mejor trabajo de la policía científica, imprescindible en toda indagatoria de hechos delictuosos.

La inversión de 108 millones de pesos contrasta, sin embargo, con la correspondiente a la que se hizo en la construcción de dos cuarteles que fue en este caso de más de mil millones de pesos y que no ha dado ni dará el resultado que se anunciaba, dadas las características de capacitación de los militares, aptos para la defensa de la seguridad nacional, pero no preparados para tareas de seguridad pública, cuyo mayor énfasis debe ser en prevención del delito, incluso con programas sociales.

Otro tanto se ha invertido en muchos policías estatales de seguridad pública, debiendo recordar al recién fallecido, eminente criminólogo Rafael Ruiz Harrel, quien recomienda en su libro “Criminalidad y Mal Gobierno: “no muchos policías, sino buenos policías”, tanto en materia preventiva como de investigación.

Un incremento salarial bien merecido y que no se ha dado en este sexenio a los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia, bien vale para estimular la justicia laboral de quienes depende el inicio y buen final del llamado nuevo Sistema Penal.