Dr. Ricardo Monreal A.
Aniversario constitucional. Los retos del Segundo Periodo Ordinario
El 5 de febrero pasado se celebró el 102 aniversario de la Carta Magna vigente en nuestro país. Rememorar la promulgación de nuestra Constitución debe llevar implícita la necesidad de reflexionar acerca del contexto en el cual se redactó, sus objetivos y el eventual alcance que tuvo durante la mayor parte del siglo XX, así como los retos que se tienen por delante, para que nuestro ordenamiento fundamental provea de la certidumbre jurídica indispensable para que México arribe a un Estado de derecho.
La Constitución de 1917 heredó el liberalismo de su antecesora; de hecho, una gran parte de su contenido fue una transcripción del texto de 1857, al tiempo que algunos otros artículos eran producto de la intensa deliberación de los diputados del Congreso Constituyente, en el momento de su histórica intervención en la Ciudad de Querétaro.
El papel que jugaron los representantes políticos presentes en el Teatro Iturbide permitió la redacción en el texto constitucional de los artículos 3, 27 y 123, los cuales le dieron al Estado mexicano la posibilidad de regular aspectos sociales fundamentales como la educación, la propiedad de la tierra y los derechos de los trabajadores.
Al analizar los tres eventos constitucionales más emblemáticos de la historia de México, nos podemos dar cuenta de que el surgimiento de los ordenamientos fundamentales obedeció a intentos legítimos para dar respuesta a las situaciones más apremiantes que aquejaban a la nación.
Desde el planteamiento y la construcción de una República federada, reflejada en la Constitución de 1824, pasando por el reconocimiento y protección de garantías individuales, así como la consiguiente división de la Iglesia y el Estado por medio de la Carta Magna de 1857, hasta la constitucionalización de los derechos sociales en 1917, se puede advertir la intención de los diferentes Congresos Constituyentes por dar una solución jurídica viable a las grandes demandas sociales que nuestro país ha enfrentado.
Hasta mediados del año pasado, el articulado de la Carta Magna vigente ha sufrido 707 modificaciones, entre adiciones, derogaciones o reformas, con el objeto de armonizar su contenido con la fluctuante realidad de la sociedad mexicana, que es en sí misma pluricultural, multiétnica, heterogénea, y que está sujeta también a las dinámicas de la globalización, lo que invariablemente influye en la cotidianidad de los individuos que la componen.
Muchas de esas reformas, derogaciones o adiciones han sido bastante polémicas, y ha habido desacuerdos generales entre diferentes sectores de la sociedad que conciben un México distinto desde sus propias prospectivas; sin embargo, estamos ahora frente a la oportunidad histórica de generar un cambio sustancial en nuestro paradigma jurídico constitucional, para proveer las premisas orgánicas, conceptuales y dogmáticas que hagan de nuestra Constitución un auténtico cuerpo de garantías políticas para asegurar la vigencia del Estado de derecho y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de los gobernados.
Ahora bien, los representantes políticos que participamos en el Congreso de la Unión estamos conscientes del reto legislativo que implica dar consistencia jurídica a una cuarta transformación en el país; esta última no será semejante a las que trajeron como consecuencia los ordenamientos fundamentales ya mencionados, sino que será producto del diálogo, el estricto apego a los principios democráticos y el efectivo establecimiento del Estado de derecho.
Una empresa a tal grado monumental pasa por la total reivindicación de la política como el principal instrumento de negociación, diálogo, consenso y concertación. Quienes integramos la LXIV Legislatura del Senado de la República estamos conscientes de los vientos de cambio que movieron los ánimos electorales de la ciudadanía, por lo que los acuerdos entre las diversas fuerzas políticas serán los que posibiliten las esperadas reformas sustanciales por la vía de la paz y la concordia.
La situación social que se experimenta en nuestro país exige que el Poder Legislativo actúe como un poder completamente independiente, no para entorpecer el quehacer de los otros poderes, sino para coparticipar en la resolución de los grandes pendientes nacionales, que no son pocos y, mucho menos, sencillos.
En el Periodo Ordinario de Sesiones recién iniciado en el Congreso de la Unión, tendrán lugar importantes acuerdos que decidirán en buena medida el futuro inmediato del país, pues los temas a tratar resultan de gran relevancia para apuntalar los inicios de la cuarta transformación desde el ámbito constitucional.
En la agenda legislativa del Senado de la República figuran importantes discusiones en torno a temas como la Guardia Nacional o la reforma educativa; también está pendiente la aprobación de leyes secundarias, con lo cual se vislumbra un periodo intenso de trabajos, acuerdos y negociaciones para cumplir cabalmente con los compromisos adquiridos con el pueblo.
La coyuntura política demanda de todos los actores sociales altura de miras y un alto compromiso ético y moral; la conciencia de que las instituciones están por encima de cualquier individuo, y que los destinos prometedores de una nación no pueden obstaculizarse a merced de ánimos cupulares o divisionistas.
Por supuesto que, en el seno de un sistema democrático, la oportunidad de disentir fortalece el debate y enriquece las ideas; hay voluntad política para consensuar cuanto sea necesario por el bienestar colectivo, por la reconciliación y reconstrucción de nuestro país. A estas alturas no deben quedar dudas respecto de la imperiosa necesidad de corregir el camino.
El tiempo para pasar de lo abstracto a lo concreto ha llegado. Los discursos demagógicos y las promesas no tienen cabida entre quienes buscamos la cuarta transformación; es tiempo de apostar el todo por el todo por el bienestar colectivo. A diferencia de otros tristes escenarios, en México se dio un cambio pacífico de poderes y por vías totalmente legítimas y democráticas; tenemos frente a nosotros las herramientas indispensables para concretar las transformaciones fundamentales, ansiadas durante largos años.
Enhorabuena por el 102 aniversario de nuestra Carta Magna. Dar cumplimiento a sus preceptos en el quehacer legislativo es un compromiso dignificante que se toma con pasión y orgullo.
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