AYOTZINAPA: CORTE DE CAJA

AYOTZINAPA: CORTE DE CAJA
Ricardo Monreal Ávila

A dos años de la tragedia, la mayoría de los 130 detenidos relacionados con la desaparición de los 43normalistas de Ayotzinapa pretenden presentar recursos legales como amparos para seguir alargando el juicio. Mientras algunos continúan en revisión y otros siguen en curso, las condenatorias no llegan a sentencias por parte del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, las procesos en contra del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca; su esposa, María de los Ángeles Pineda; el dirigente de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado; el criminal Patricio Reyes Landa, y otros involucrados, se han visto obstruidos tras los argumentos de irregularidades y casos de supuesta tortura en prisión.
"El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó 17 casos de tortura; la Procuraduría General de la República (PGR) tiene abiertas 32 investigaciones por el mismo delito; la Comisión Nacional de Derechos Humanos, más de 60 casos de quejas. Sería preocupante que algún detenido saliera por tortura y eso sería una responsabilidad de la PGR", denunció el director Mario Patrón, director del Centro Prodh.
Acorde con los padres de los normalistas y activistas, el balance sobre las investigaciones del caso Ayotzinapano pueden ser positivas desde ningún punto de vista, sobre todo, porque dos años de indagatorias no han bastado para presentar sentencias condenatorias contra los responsables ni dar con el paradero de los normalistas.
De la misma manera, el caso Ayotzinapa adquirió un nuevo rumbo tras las conclusiones presentadas por el GIEI, un organismo respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que documentó varias irregularidades. Entre ellas, se encuentran escenas del crimen levantadas y procesadas, detenciones arbitrarias y manipulación de evidencias.
"...se tiene un cúmulo grande de personas detenidas, no se ha dilucidado la verdad y, sobre todo, no se sabe el paradero de los estudiantes", recordó el experto Mario Patrón, quien también recordó que la teoría oficial de la PGR sobre el caso Ayotzinapa se tambaleó tras las revelaciones hechas por el grupo independiente.
Entre los avances que han sido tomados como verdad se encuentra la negativa en torno al presunto incendio del basurero de Cocula, donde habrían sido quemados los restos de los normalistas. A consideración de los padres de los estudiantes, hay elementos científicos que dan certeza de que dicho incendio no tuvo lugar.
De la misma manera, las indagatorias apuntan a que los estudiantes normalistas no estuvieron juntos en su totalidad, sino que es posible que las desapariciones se concretaran en dos o tres grupos. Los activistas advierten que la existencia de varias líneas de investigación es un escenario preferible que la imposición de una sola teoría oficial.
Por otro lado, Patrón aludió a la reciente ruptura entre los padres de los normalistas de Ayotzinapa y la PGR, bajo la gestión de Arely Gómez, la cual se produjo por las acusaciones en contra del ahora ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, así como de otros funcionarios allegados al caso.
Entre los avances que se derivaron de las indagatorias, se encuentra la captura de José Luis Abarca y su cónyuge María de los Ángeles Pineda, quienes fueron referidos como los cerebros financieros de Guerreros Unidos, la organización a cargo de Sidronio Casarrubias. De esta forma, se logró evidenciar la corrupción dentro de las organizaciones policiales de la zona y la detención de algunos de sus dirigentes.
Más allá de las detenciones y procesos judiciales en contra de algunos presuntos involucrados, existe un consenso entre padres y activistas sobre la falta de resultados por parte de las autoridades, dado que las indagatorias continúan sin resolver la pregunta que motiva su lucha y la insistencia del pueblo mexicano: ¿Dónde están los 43 normalistas secuestrados en Iguala en septiembre de 2014? (Ver reportaje en www.sexenio.com.mx).
Han sido dos años de caminar en círculo o a través de una espiral descendente, donde los padres de los 43 normalistas no encuentran verdad ni consuelo, ni las autoridades encuentran eco a su verdad histórica.
Ayotzinapa es uno de esos acontecimientos que nadie imaginó ni dimensionó el impacto estructural que tendría sobre todo un gobierno y el país entero.
Ese día, los medios reportaron un enfrentamiento en Iguala entre policías municipales y un grupo de jóvenes. Se reportaba un muerto, algunos heridos y varios desaparecidos.
Parecía un nota más del México rojo y no lo que realmente fue: el destape del México negro, el de la caja de Pandora que contenía casi cien mil ejecutados, 22 mil desparecidos, 300 mil desplazados por la violencia y toda la cauda de corrupción, impunidad e indolencia que la había alimentado durante casi una década.
Ayotzinapa puso sobre la mesa los temas centrales que una verdadera agenda de reformas estructurales debería abarcar: la corrupción, la impunidad, la seguridad ciudadana, la procuración de justicia y la crisis de derechos humanos que impiden al país despegar, crecer, y ser plenamente democrático.
“Fue el Estado”. Así reza la lápida que se puso en el zócalo, en el basurero de Cocula, en los movimientos de protesta y en las conciencias de muchas mexicanas y mexicanos.
Para algunos es una expresión injusta y falsa. Para otros, la mayoría, es una conclusión verídica.
¿Qué clase de Estado? El estado de descomposición social y política que vive el país desde hace una década por lo menos.
El estado de corrupción que se ha asentado en varias regiones del país, donde carteles y autoridades caminan de la mano, y no se sabe bien a bien quién infiltró a quién: si los delincuentes a la policía o ésta a aquéllos.
El estado social de indolencia e inercia que adormeció durante varios años la visión sobre los alcances de la violencia: mientras no me afecte a mí o a mi familia, no es importante, no pasa nada.
El Estado de la partidocracia, que busca el consenso de las élites políticas, pero no la satisfacción de la ciudadanía sin representación formal.
El Estado federal atípico, que convirtió la libertad y la soberanía formales de las entidades federativas, en cotos y feudos reales de opacidad, impunidad y corrupción.
El Estado fallido, que ha sido incapaz de garantizar el Estado de Derecho en varias regiones del país, perdiendo el monopolio de la violencia legítima frente a grupos locales de poder.
Todos estas formas irregulares de Estado fueron las responsables de Ayotzinapa.
Si el 2 de octubre de 1968 abrió el camino a la democracia mexicana, y el 1 de enero de 1994 se expresó el México olvidado de los indígenas, el 26 de septiembre de 2014 debe servirnos para cimentar el México de los derechos humanos que no somos y que aún no tenemos.