Cuando el gobierno se siente bajo amenaza
Beatriz Luevano
Los acontecimientos recientes, especialmente los catastróficos, han provocado que la participación de la sociedad civil rebase al gobierno buscando solución a los problemas urgentes y de protección de los recursos recabados solidariamente por la ciudadanía.
Era de esperarse, sólo hacía falta la ocasión para que hastiados de las prácticas oscuras de esta administración en particular, la población se organice, participe, presione y hasta haga a un lado al mal gobierno cuando así se requiere y se avisora que esta tendencia vaya más allá de los eventos recientes.
Las muestras se han dejado notar desde la presión en la redes sociales para que los partidos políticos donen parte de su presupuesto relativo a sus campañas, o bien, la recaudación de víveres, resguardo y repartición de materiales para ayudar a los sobrevivientes de los sismos.
Y a quién culpamos de la desconfianza social en el gobierno cuando hemos visto la rapiña política tratando de alzarse el cuello con las donaciones de la población.
Para no ir tan lejos, el gobierno de Zacatecas también cayó en la tentación. El fallido intento se orquestó desde el DIF estatal, donde se colocaron etiquetas de dicha dependencia a los paquetes de productos donados por la población a los damnificados.
Pero la nota fuerte la hizo sonar la primera dama, Cristina Rodríguez, quien como de costumbre, raspa aún más la de por sí aporreada administración de su marido, Alejandro Tello, cuando trata de desmentir o justificar alguna de sus puntadas ante los medios de comunicación.
Justo cuando creemos que hemos dado avances importantes en democracia, derechos humanos, transparencia, etc., vemos cómo a estas alturas surgen y se imponen gobiernos autoritarios, codiciosos de los bienes públicos a extremos de total deshonra.
Gobernantes tan aferrados al poder que ni el peor de los escándalos alcanza para apostarle a su sentido de vergüenza, sino que ante la presión social reaccionan con verdadera violencia contra la población que los inquiere convirtiéndolos en blanco de toda clase de violaciones a los derechos y libertades más básicas.
Tenemos un narco Estado, que lejos de dirigir sus esfuerzos a un verdadero combate al crimen organizado, direcciona sus acciones y omiciones contra estudiantes, activistas, periodistas, etc., espiándolos o haciéndose de la vista gorda cuando estos son asesinados o desaparecidos con la mayor impunidad.
El Estado intolerante y represor está en riesgo ante una sociedad cada vez más despierta, exigente, dispuesta a no seguir perdonando sus yerros. La mala noticia es que por muy intolerante y represor, mientras quienes ostenten el poder y en sus manos esté el ejercicio de la violencia pública, cual tirano, siempre encontrará la manera de justificar aún las peores barbaridades.
Véase el caso de España, donde bajo el argumento de la ilegalidad de la consulta catalana e independientemente de a quién asista la razón, el gobierno de Rajoy se fue con todo contra los civiles que participaron en tal evento, dando muestra de cómo diálogo, democracia o derechos humanos, son palabras huecas cuando el Estado se siente amenazado.
