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Cultura de la Legalidad y Derechos Humanos.

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Cultura de la Legalidad y Derechos Humanos.

Por: Lic. Jenny González Arenas[1]

En la actualidad nos encontramos en un interesante momento de reflexión. El gobierno federal no ha logrado resolver la enfermedad que aqueja nuestro país, la inseguridad, que se ha venido diseminando como un cáncer, y que en lugar de reducirse ante el embate de las fuerzas armadas, lo único que se ha logrado es trasladarla a niveles estatales y locales, cambiando no solo las dimensiones del problema sino la gravedad.

Manifestaciones de inconformidad de la ciudadanía en relación al clima de inseguridad que impera en el país no son acontecimientos nuevos, mucho menos aislados; fenómenos como el robo de combustible tienen una característica, son eventos altamente publicitados, pero recordemos que ya hace algunos años, comunidades enteras se habían manifestado de manera violenta contra delincuentes del orden común, mostrando absoluta desconfianza a la labor de las autoridades encargadas de suministrar seguridad.

Aquellos fenómenos ya eran un reflejo del descontento social, de inconformidad; las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública están fallando en su función, se ven limitados en su actuar por las garantías procesales de los individuos que, a pesar de haber cometido un delito, gozan de Derechos Humanos, porque no dejan de ser personas, no pierden sus Derechos por ser delincuentes, pero como le explicamos eso a una madre que acaba de ver como asaltan a su hijo, violan a su hija, o acribillan a sus hijos en una sana reunión de amigos, como le explicamos eso a un padre de familia que trabaja todo el día para lograr el sustento de su familia y lo asaltan de regreso a casa o irrumpen en su hogar privándolo de sus pertenencias, o bien que lo llaman para pedirle rescate porque tienen secuestrado a su hijo.

Este es un dilema que amerita especial atención, ya que la sociedad demanda justicia de las instituciones que el Estado tiene para ello, sin lograr obtenerla.

Con lo anterior no pretendo afirmar que se debe conceder a las fuerzas públicas licencia para abusar de los derechos de los ciudadanos en aras de proteger otro bien jurídico denominado seguridad, por el contrario, se trata de encontrar el tan anhelado equilibrio entre el respeto a los Derechos Humanos y la Seguridad, a partir de la generación de una Cultura de la Legalidad.

En la actualidad, persiste el sentimiento ciudadano de que los Derechos Humanos solo protegen delincuentes, o que solo se pueden invocar cuando interviene alguna autoridad policiaca.

Esta precepción se debe a la falta de educación en esta materia, no hemos sido capaces como país de crear una cultura de respeto a los Derechos Humanos, porque no hemos alcanzado a comprender las verdaderas implicaciones del tema.

Sí, como individuos, conocemos cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, podremos tener a una sociedad que respete los derechos humanos, educarnos, como sociedad en una cultura de respeto implica no solo saber exigir sino también saber respetar.

Ese círculo virtuoso se contruye con educación, con formación, con cultura.  Vivimos en un Estado Democrático, que si bien es cierto, no es en estos momentos capaz de garantizar la seguridad pública de los mexicanos, también es cierto que debemos, como ciudadanía, como sociedad civil, ayudarle a los tres niveles de gobierno para encontrar la fórmula adecuada que fortalezca las instituciones y las dote de esa confianza con la que no cuentan hoy.

Estamos convencidos de que no hay justificación válida que permita al Estado el abuso del poder, pero también estamos convencidos de que fomentando la Cultura de la Legalidad podemos avanzar, al menos como sociedad cumpliendo con la parte que nos corresponde, buscando sencivilizar al Estado en relación a la problemática que nos aqueja.

Si logramos fomentar entre la sociedad la Cultura de la Legalidad que respete los Derechos Humanos permeando en todos los niveles, desde la infancia hasta la edad adulta, estaremos cumpliendo con la función que le fue encomendada a estas instituciones; la labor que le queda pendiente al Estado, es la de generar espacios educativos y empleos dignos, fomentar la inversión en áreas estratégicas, entre otras funciones para el correcto desempeño de la sociedad.

Logrando ese objetivo, el Estado no tendrá mayor dificultad que la de garantizar el orden público, en lugar de estar discutiendo cual de los bienes jurídicos tutelados es de mayor importancia, la seguridad pública o los derechos civiles de la ciudadanía.

[1] Docente Investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas