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El Amazonas y los Derechos Humanos.
Por: Jenny González Arenas.
No es solo un tema de ecología o medio ambiente, el incremento de los incendios en el Amazonas es un asunto de Derechos Humanos.
En primer lugar, los derechos económicos, sociales, culturales y de medio ambiente, mejor conocidos como DESCA, incorporan derechos como la salud, la cultura, el deporte, el desarrollo y el medio ambiente, por lo que hablar del incendio en el Amazonas involucra el derecho al medio ambiente.
Como ya hemos recalcado en anteriores entregas, el derecho a un medio ambiente es un derecho humano de carácter difuso, porque los alcances que tiene una afectación al medio ambiente no se puede individualizar, puesto que impacta de manea directa e indirecta a una gran cantidad de personas.
Por mas lejano que nos pueda parecer la selva amazónica, es innegable que es uno de los pulmones más importantes de nuestro planeta y, por ende, de nuestro continente, su biodiversidad es más del 50% de la biodiversidad del planta y esta constantemente amenazada por el hombre en diferentes facetas: para sobrevivir, porque se talan grandes extensiones de terreno para dedicarlas a la agricultura, para la explotación de recursos naturales, porque se talan para poder llevar a cabo extracciones de minerales, o la construcción de carretera o la propia expropiación de recursos maderables.
Otra de las causas de los incendios, además de las actividades económicas de la humanidad, la genera la imprudencia de las personas que, en temporada de incendios realizan actividades que pueden generar un riesgo para la selva como las fogatas o arrojar cigarrillos a las orillas de las carreteras. El clima es un factor de riesgo también, pero a la madre naturaleza no se le puede, ni se le debe, controlar.
La mano del hombre, de manera legal o clandestina ha sido la responsable de los daños que se están causando y, como tal, deben aplicarse las medidas correctivas para proteger nuestro medio ambiente; pensar que porque esta lejos no nos afecta, es un error imperdonable.
En este sentido, el derecho a un medio ambiente sano implica, no una, sino muchas y polivalentes, obligaciones por parte del Estado. Por un lado la de no hacer, no ser el mismo Estado el que lleve a cabo las acciones que están generando el detrimento del medio ambiente, en segundo lugar la de hacer, actual como policía vigilando que se respete el medio ambiente, pero una tercera obligación, la mas importante, desde mi perspectiva, es la de actualizar el marco normativa que le permita realizar las otras dos funciones de manera adecuada, acorde a las necesidades de protección y que sirvan como base para el desarrollo de políticas públicas de explotación racional y moderada de los recursos naturales como se señala en el Informe Brundtland sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, no se trata de no explotar los recursos naturales, sino de que esa explotación permita el correcto aprovechamiento de ellos.
Es así, que las pugnas entre los gobiernos deberían de salir sobrando, porque no es si los incendios están en el territorio de Brasil o en la frontera de algún otro, sino de adquirir consciencia de que la madre naturaleza nos pasara factura a toda la humanidad por el daño causado, aquí o al otro extremo del planeta.
La labor de policía por parte del Estado no puede, o al menos no debería, estar supeditada a los intereses económicos, que como bien sabemos, es prácticamente imposible separar, sino que debería buscar el punto justo de equilibrio entre el aprovechamiento y su sustentabilidad. Ardua tarea y el gobierno