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Luis Noé Maldonado Sánchez*
¡EL QUE NADA DEBE…NADA TIENE!
En México, es obligación constitucional de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la federación, de los Estados y del Municipio en que residan. Las leyes de ingresos de cada orden de gobierno establecen de manera general los ingresos estimados que percibirán durante el ejercicio fiscal al que correspondan. De igual manera, cada año se emite el Presupuesto de Egresos de la Federación, Estados y Municipios, documento que tiene como finalidad establecer el monto del gasto neto total del Gobierno para el ejercicio fiscal; por ley, el monto total del Presupuesto de Engresos debe ser igual al monto total de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, a esto se le conoce como balance presupuestario. Este equilibrio financiero tiene una lógica simple, los Gobiernos no pueden gastar el dinero que no tienen. El funcionamiento de la administración pública depende de que cada mexicano cumpla con la obligación constitucional referida al inicio; por ello, es fundamental conocer que al mes de marzo del 2019, según datos del INEGI, la Población Económicamente Activa en el país fue del 60.3%, es decir, que el 40% de las personas mayores de 15 años o más, no está activa económicamente, sin embargo, de este 60.3% que trabaja, el 57.1% se encuentra en la informalidad laboral. Grave ¿No cree usted?. Esta ocasión, hago esta reflexión en finanzas públicas, intentando transmitir a usted estimado Lector, que en México de la totalidad de la población que trabaja y que debiera contribuir al gasto público de la Federación, Estados y Municipios, solamente el 25.9% lo ha hecho. Lo anterior, tiene en graves problemas presupuestales para su funcionamiento a los tres órdenes de gobierno, que tienen que brindar servicios públicos a la totalidad de la población pero solamente con las contribuciones pagadas por aproximadamente el 15% de la población total del país; más triste ¿No cree usted?. Ello pone un gran reto frente a las personas que hoy tienen a su cargo la administración pública en sus diferentes niveles, incrementar la base de contribuyentes, algo que probablemente ya le suene trillado, pero que créalo o no, durante décadas no les ha sido posible a quienes hacen política y temen las consecuencias de poner en marcha las estrategias y acciones necesarias para reactivar la economía de nuestro país por lo menos a niveles vistos solamente hace más de 35 años. Debido a los escasos recursos que supone recaudar el Erario Público, consecuencia de la problemática planteada anteriormente, en nuestro país es inevitable la Fiscalización de los recursos públicos, cuya finalidad es de comprobar que el presupuesto se haya destinado a los fines establecidos, apoyándose para ello de la auditoría financiera, de cumplimiento y del desempeño. Transcurre el primer semestre al ejercicio fiscal 2019 y ya escuchamos declaraciones de los entes públicos que alertan sobre la imposibilidad de cumplir incluso con los compromisos ordinarios como lo es la nómina, indispensable para el funcionamiento y prestación de los servicios públicos a cargo del Estado. Me parece, que tales aseveraciones deben ser respaldadas también por la opinión de los entes públicos fiscalizadores encargados de revisar los ingresos y egresos del Gobierno, porque las recientes modificaciones legislativas le otorgan a los entes fiscalizadores la facultad de revisar las cuentas incluso en tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso y a procesos concluidos. Estimo que ello se hace necesario, porque es justo que aquellos pocos que contribuyen al gasto público tienen el derecho de saber, de conocer una opinión imparcial sobre si las cuentas públicas a mitad de año, perdieron su balance presupuestal, es decir, ¿En verdad cayeron los ingresos que al inicio del año fueron estimados?, o ese desequilibrio presupuestario se debe a que se está gastando más de lo que inicialmente se había presupuestado. Si en verdad las administraciones públicas enfrentan un desequilibrio presupuestario, ¿Qué esperan para aplicar ajustes al presupuesto de egresos?, es urgente disminuir los gastos de comunicación social, disminuir el gasto corriente (excepto subsidios), disminuir los pagos de percepciones extraordinarias de nómina, y si eso no es suficiente, reducir cualquier otro gasto, menos los programas sociales. De endeudarse mejor ni hablamos, por disciplina financiera, por ley, los entes públicos sólo pueden contraer obligaciones o financiamientos cuando se destinen a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de deuda; así que para pagar la nómina, endeudarse ya no es una opción.

Maestro en Finanzas

*Maestro en Finanzas