Huyendo de la violencia.
Por: Jenny González Arenas.
La Caravana migrante no es un tema nuevo, lo que si es nuevo es la actitud de las autoridades migratorias en México ante este fenómeno. Para nadie es sorpresa la situación en la que se encuentra nuestro país frente al fenómeno migratorio, somos un país de tránsito migratorio, las poblaciones de centro y Sudamérica utilizan el territorio de México para acercarse al sueño americano, huyen de sus territorios por miedo a la violencia, a la pobreza, a los altos índices de criminalidad y marginación que los rodean y salen de su país en búsqueda de una mejor alternativa de vida.
México no es la excepción, nos encontramos inmersos en una situación de violencia y pobreza que por muchos años ha obligado a los mexicanos a buscar oportunidades fuera del territorio nacional, formando una parte importante de la población migrante de Estados Unidos. No queremos afirmar con ello que Estados Unidos sea un país con paz y sin pobreza, pero al menos ofrece una alternativa de ingreso y supervivencia distinta y, hasta cierto punto, mejor a la que muchos migrantes tienen en su lugar habitual de residencia.
La violencia generalizada en algunos países del continente, la falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo así como la desesperación, llevan a muchos personas a desplazarse fuera de su país, muchos ingresan a México con la esperanza de llegar a Estados Unidos y es aquí, en México, donde esperaban encontrar, como era tradición, un trato humano, respetuoso, solidario, donde encontrarán abusos, engaños, deportaciones masivas, delincuencia, uso desmedido de la fuerza, abuso de autoridad, entre otras vejaciones que harán todavía mas difícil su transito a destino final.
Las Naciones Unidas condenan el trato que ha dado México a la caravana migrante, el doble discurso de las autoridades es evidente y, con ello, las violaciones a los derechos humanos de los migrantes sudamericanos, un retroceso significativo en materia de política migratoria, una flagrante violación al principio de progresividad consagrado en el artículo primero de nuestra Constitución.
El uso de la fuerza no es una facultad que el Estado pueda usar a diestra y siniestra, cierto es que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero ese monopolio tiene límites, que garantizan la existencia del Estado democrático y evitan la implementación de un modelo autoritario. Los límites al uso de la fuerza están debidamente establecidos en las normas, si la norma se respetara, no tendríamos porque estar hoy aquí, escribiendo estas líneas.
El uso de la fuerza a manos del poder estatal debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad; en el caso de la guardia nacional y las demás autoridades que participaron en el operativo para contener la caravana migrante, podemos apreciar que ninguno de estos principios se respeto.
México esta obligado a respetar las obligaciones internacionales contraídas, no solo porque cambiamos de presidente o de diputados o senadores, los compromisos internacionales adquiridos con anterioridad quedan sin efecto, eso atenta gravemente contra las instituciones. Nuestras autoridades deberán responder de manera frontal, no con evasivas ni con mañaneras, a los cuestionamientos que nos hacen los organismos internacionales, porque esa es la obligación.
Imposible será demostrar que fue una medida necesaria, mucho menos proporcional ni legal, así como tampoco veremos que se deslinden responsabilidades a los perpetradores del daño causado, porque lamentablemente no son los policías o los soldados de a pie quienes deberán pagar por las violaciones, sino quienes les dieron la orden de agredir con fuerza excesiva a los migrantes, entre los cuales encontramos niños y niñas, mujeres embarazadas y personas adultas mayores.
La ciudadanía lamentamos profundamente el daño causado a los migrantes y hacemos un llamado a las autoridades para que se conduzcan con respeto a los derechos humanos, no solo de los migrantes, sino de toda la población en México.
