LA CONGELADORA LEGISLATIVA
Por: Arturo Nahle G.
En el año 2012 se reformó la Constitución para que en la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República pueda presentar al Congreso hasta dos iniciativas de trámite preferente. Estas iniciativas deben ser discutidas y votadas por la Cámara en un plazo máximo de treinta días naturales. Una vez aprobadas o modificadas pasan de inmediato a la otra Cámara para que las discuta y vote en el mismo plazo.
Que lástima que en Zacatecas no exista esta figura de la Iniciativa Preferente, porque si así fuera nuestras Diputadas y Diputados locales ya habrían dictaminado, discutido y votado una iniciativa de la mayor importancia que les presentó el Gobernador Tello en su Segundo Informe de Gobierno, o sea hace más de 9 meses.
En estos meses tan violentos nuestros representantes populares no han considerado importante armonizar nuestro Código Penal al Código Nacional de Procedimientos Penales y a las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción.
No han considerado urgente sancionar a los propietarios o conductores de vehículos que transiten con placas sobrepuestas, así como incrementar la pena a quienes conduzcan en estado de ebriedad o bajo la influencia de narcóticos.
No han considerado importante sancionar a quienes posean equipos para intervenir, escuchar o transmitir comunicaciones oficiales o privadas; así como a los que posean identificaciones, prendas de vestir y accesorios falsos correspondientes a instituciones policiales o militares.
Tampoco a quienes fabriquen, instalen, comercialicen o utilicen sistemas de blindaje en vehículos automotores, sin la autorización correspondiente.
La iniciativa contempla todo un Titulo sobre Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, pero pareciera que este cáncer que tanto lastima a la sociedad no lo considera importante nuestro Poder Legislativo.
A los corruptos -aparte de la prisión, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo o cargo (incluidos los de elección popular)- se les prohibiría participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y concesiones por plazos que van de uno a 20 años.
Se sancionaría a los servidores públicos que autoricen o contraten a un inhabilitado, así como a los funcionarios que faciliten o fomenten en los centros penitenciarios la introducción, uso, consumo o comercio de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, celulares o cualquier otro instrumento de comunicación.
En los delitos de Cohecho y Peculado se incluiría el recibir cualquier beneficio indebido no solo para sí sino también para el cónyuge, parientes o terceros con los que el funcionario tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios.
En el delito de Tráfico de Influencias se incluiría a los contratistas, permisionarios y concesionarios que oculten o generen información falsa o alterada respecto de los beneficios que obtengan.
También se propuso un nuevo delito denominado Intimidación consistente en utilizar, por sí o por interpósita persona, violencia física o moral hacia un particular, para evitar que ésta denuncie la comisión de un delito por parte de algún servidor público, o ejerza represalia contra la persona que ya lo hizo.
Se propuso castigar a los policías y peritos que oculten o destruyan hallazgos, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con un hecho delictivo. O desvíen u obstaculicen la investigación del delito para que el imputado se sustraiga a la justicia.
En el delito de Violencia Familiar se eliminaría el absurdo requisito de que las partes vivan en el mismo domicilio y se castigaría de 5 a 10 años de prisión a los que cometan Secuestros Virtuales.
Se pretende equiparar al Robo el sustraer la información magnética o los números secretos de una tarjeta bancaria ya sea a través de compras por internet, en comercios establecido o disponer del dinero en cajeros automáticos.
La iniciativa también propone que sea Fraude el simular un acto jurídico, alterar pruebas y presentarlas en juicio para inducir al error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener una sentencia contraria a la ley y un beneficio económico.
La iniciativa que tiene más de 9 meses congelada propone endurecer el delito de Usura y derogar los delitos de Desaparición Forzada, Trata de Personas y Tortura porque ya existen Leyes Nacionales sobre estos delitos.
Pero para mi gusto lo más importante que propuso el Gobernador hace más de 9 meses fue la reforma de fondo a las Reglas Generales sobre Delitos y Responsabilidades de los Partícipes. En fin, ojalá que en este caluroso verano ésta y otras iniciativas ya salgan de la nefasta congeladora legislativa.
