La libertad de expresión en el nuevo sexenio.
Por: Jenny González Arenas
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Muchas veces ya hemos utilizado este espacio para hablar sobre la libertad de expresión desde diversas perspectivas, como un derecho humano, desde su doble perspectiva (individual y colectiva), la importancia que reviste este derecho para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y como es que resulta tan importante proteger tanto a la audiencia o al público o la ciudadanía que tiene derecho a recibir la información de aquellos periodistas o escritores o columnistas o informadores que tienen el derecho de manifestar libremente sus ideas sin que tengan mas límites que los señalados en la constitución.
En años anteriores, la libertad de expresión ha sido limitada por mecanismos indirectos, como el control de papel o el bajar un sitio de internet o cancelar la frecuencia de radio por pretextos como la falta de pago de algún impuesto o la avería en algún servidor que, supuestamente, escapa a la posibilidad del Estado para resolver esas fallas técnicas, pero cuando se analiza a fondo, nos damos cuenta que no son otra cosa que mecanismos alternos que se utilizan de manera indirecta por parte del Estado para limitar la libertad de expresión de aquellas periodistas o medios de comunicación que les resultan incomodos o contrarios a las opiniones de gobierno.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha investigado el financiamiento de un documental que, a su juicio, esta prohibido por la Constitución. Puede ser o no que existe alguna irregularidad en el financiamiento de dicho documental, lo cual debería de ser investigado, lo que llama la atención es como muchas malversaciones de recursos no son detectadas ni investigadas con la misma profundidad con la que se esta investigando el financiamiento de este documental, por ejemplo la Estafa Maestra, sobre la cual no hay aún responsables.
Ahora, es válido preguntarnos que hubiera pasado con este documental si Andrés Manuel no hubiera ganado la elección, ¿igual se estaría investigando? O ¿se hubiera presentado la denuncia ante la FEPADE? Puesto que sabemos que la historia es de quien la cuenta y queda claro que ahora estamos ante estas denuncias e investigaciones porque molestan al Presidente en turno, pero si no fuera el presidente y hoy fuera un simple ciudadano más que hubiera perdido la elección, ¿cuál sería la postura que las autoridades hubieran tomado en relación a el documental en cuestión? Que pudiera, inclusive, haber perdido vigencia o veracidad si López Obrador no fuera el presidente.
La realidad es que, por mas que se intente disfrazar de investigación seria, no deja de parecer una cacería de brujas en contra de aquellos que se atreven a tachar al presidente de populista, al parecer es un calificativo que no le gusta, a pesar de que todas sus conductas sean una muy clara estrategia de populismo.
Es verdaderamente preocupante que en estas tiempos, sigamos padeciendo de la censura a la libertad de expresión por mecanismos indirectos, justamente en estos tiempos en los que la información se encuentra tan lejos como el click en un link que aparece en cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet.
Si el dificultar el acceso al papel o al radio o a la televisión ya ha quedado rebasado por el internet, el Estado buscará nuevas estrategias que, disfrazadas de investigaciones serias de financiamiento ilícito, restrinjan la libertad de expresión y pongan cada vez mas trabas, no solo a la posibilidad de expresarse, sino al derecho de toda la población de acceder a esas opiniones diversas, situación que, a la larga, implica una merma en el pensamiento crítico, al no permitir el acceso a la diversidad de opiniones.
