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LA REFORMA DE LA SUPREMA CORTE

Por: Arturo Nahle G.

Gran polémica ha generado el anuncio de nuestro paisano, el Senador Ricardo Monreal, en el sentido de que presentará una iniciativa para incrementar el número de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal.

El ex Gobernador de Zacatecas argumenta que es necesario crear una nueva Sala en la Corte que se avoque a resolver exclusivamente asuntos relacionados con actos de corrupción; actualmente solo hay dos Salas conformadas por cinco Ministros cada una.

El anuncio de Monreal ha provocado todo tipo de comentarios y especulaciones, la más recurrente es que la verdadera intención no de Monreal, sino de su jefe político López Obrador, es hacerse del control del Poder Judicial Federal metiendo nuevos Ministros que sean incondicionales al proyecto de la Cuarta Transformación.

El año pasado la Corte recibió 1,103,868 demandas, la gran mayoría de ellas Juicios de Amparo y Recursos de Revisión que se ventilaron y resolvieron en los 444 Juzgados de Distrito y los 290 Tribunales Colegiados de Circuito que hay en todo el país; otros juicios se radicaron y resolvieron en los 100 Tribunales Unitarios y los 42 Centros de Justicia Penal Federal que dependen del Poder Judicial Federal.

Los conflictos electorales, que no son pocos, los resuelve la Sala Superior y las seis Salas Regionales del Tribunal Electoral que también dependen del Poder Judicial de la Federación.

¿Cuales son entonces los asuntos que resuelven los 11 Ministros de la Corte? Pues fundamentalmente las Controversias Constitucionales, las Acciones de Inconstitucionalidad, algunos Recursos de Revisión contra sentencias de Amparo y Contradicciones de Tesis.

Las Controversias Constitucionales son las que se suscitan entre la Federación y un Estado, entre el Presidente de la República y el Congreso de la Unión, entre la Federación y un Municipio, entre un Estado y otro, entre dos Poderes de un mismo Estado, entre un Estado y un Municipio, entre dos municipios diversos, o bien entre un Órgano Constitucional Autónomo y uno de los Poderes de la Unión.

Por su parte las Acciones de Inconstitucionalidad son las que se interponen contra leyes inconstitucionales. Estas acciones solo las puede promover el Presidente de la República, un tercio de los Diputados Federales o de los Senadores contra Leyes Federales, un tercio de los Diputados Locales contra Leyes locales, las dirigencias nacionales de los Partidos contra leyes electorales, las Comisiones de Derechos Humanos contra leyes o tratados que vulneren derechos humanos, el INAI contra leyes que vulneren el derecho a la información y el Fiscal General de la República contra leyes en materia penal.

Actualmente los Ministros tienen 564 Controversias y Acciones de Inconstitucionalidad pendientes de resolver, más un buen número de Recursos de Revisión. Estas cargas de trabajo explican la lentitud con que los Ministros resuelven los asuntos, el más claro ejemplo son los dos años que se tardaron en resolver la controversia que interpuso Peña Nieto contra los impuestos ecológicos de Zacatecas.

¿Los cinco nuevos Ministros que propone Monreal ayudarían a hacer más pronta la impartición de Justicia? Yo creo que sí, el error de Ricardo está en proponer que los nuevos Ministros solo conozcan de asuntos de corrupción, alguien debería decirle que para ese tipo de asuntos desde hace dos años existe el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

En cuanto a la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, pues en Zacatecas no existe y ni falta que hace, yo estoy a favor si no de desaparecerlo por lo menos sí de adelgazarlo, a lo largo de los años se ha convertido en un monstruo burocrático que le cuesta al país más de 56 mil millones de pesos al año y donde por cierto se pagan los sueldos más altos de toda la administración pública federal.