La reorganización política luego del 1 de julio
Dr. Ricardo Monreal Ávila
El pasado 1 de julio sucedió algo sin precedentes en el panorama político nacional: de las urnas emanó un gobierno legítimo en toda la extensión de la palabra; Andrés Manuel López Obrador obtuvo más de la mitad de los votos ciudadanos, y con éstos, la confianza de las y los ciudadanos para poder reestructurar la administración federal que genere un cambio sustancial en las alarmantes condiciones en que se encuentra nuestro país.
Con este voto de confianza, la ciudadanía decidió además otorgarle al Presidente electo el apoyo de la mayoría de legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión, sin dejar de mencionar la fuerte presencia de legisladores de Morena a nivel local, lo que ayudará a sacar adelante los proyectos de cambio que se promoverán para cumplir las metas anunciadas por AMLO.
Sin embargo, el pueblo mexicano no ejerció un voto de castigo, como algunos analistas políticos han subrayado: el sufragio del electorado fue emitido con la plena conciencia de buscar la mejor alternativa para generar un cambio —urgente y necesario— por la vía institucional y de manera pacífica.
Debido al voto masivo en favor de la coalición “Juntos haremos historia”, el poder fáctico ostentado por las organizaciones políticas que representan a las oligarquías nacionales se verá reducido considerablemente a partir de los eventuales cambios que se emprenderán desde las ramas ejecutiva y legislativa del poder público.
A partir de 1988, después de la batalla cívica dada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en las urnas, se comenzó a configurar la influencia de tres organizaciones políticas en México: el PRI, el PAN y el PRD, que a partir de 1994 y hasta las elecciones presidenciales de 2012, fueron los partidos políticos con mayor presencia en todo el país, lo cual se veía reflejado en el grado de representación que legislatura a legislatura mantuvieron en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
En años recientes, esos tres partidos políticos se fueron desdibujando ideológicamente, dando al traste con la incipiente democracia del país y abandonando los magros avances en materia de madurez política respecto de lo que significa ser oposición. Para poder sacar adelante las “reformas estructurales” del saliente titular del Ejecutivo, desde el principio del sexenio se encumbró un acuerdo cupular entre el Presidente y los dirigentes del PRI, PAN y PRD, que llevó por nombre “Pacto por México”.
La firma de este pacto conllevaba una evidente contradicción ideológica por la naturaleza misma de los partidos políticos que lo suscribieron, lo cual, a la postre, ocasionó su inevitable decadencia y ruptura.
No obstante lo anterior, en un hecho que asombró a propios y extraños, para competir en las pasadas elecciones por la Presidencia de la República trascendieron estas alianzas contra natura entre organizaciones políticas históricamente antagónicas, para dar paso a la coalición “Por México al Frente”.
El vínculo entre el PAN, el PRD y MC dejó asombró negativamente a la ciudadanía, al tiempo que sus respectivas militancias se disgregaban por la opacidad que caracterizó a los procesos partidistas internos, que en todo momento fueron denunciados por aspirantes relegados a segundo plano, con lo cual se presentaron divisiones importantes de cara a los procesos electorales.
Por su parte, la administración federal saliente ha sido la menos aceptada por parte de la sociedad en la historia de nuestro país: 76 por ciento de la población desaprueba esta gestión, debido a que durante este gobierno se gravó considerablemente el ingreso de las familias mexicanas so pretexto de la necesidad de implementar ajustes fiscales para contrarrestar la volatilidad de la economía internacional; se agravó el lastre de la dependencia del mercado norteamericano; se inundó la opinión pública de escándalos de corrupción de altos funcionarios gubernamentales; nunca se entendió la prioridad del tema de seguridad y que provocó la intensificación de la violencia en el país, así como los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y feminicidios.
Habrá que sumarle a esto último la ausencia del Estado de derecho en amplios márgenes del territorio nacional, ante la incapacidad gubernamental de garantizar la aplicación mínima de nuestro marco constitucional, todo bajo el amparo de la corrupción y la impunidad, lo que enardeció la opinión pública y desató una oleada incontenible de protestas a lo largo y ancho del territorio mexicano, tanto en las calles como en las redes sociales.
Cuando fue elegido el candidato presidencial del PRI de entre el gabinete, intentó presentarse como un ciudadano apartidista; pero el lastre de la abrumadora desaprobación a la administración actual hizo mella y la ciudadanía en su conjunto, en un gesto de conciencia, le dio absolutamente la espalda.
Después de las elecciones del pasado domingo, el escenario cambió abruptamente. El PRI perdió absolutamente todo, incluso demarcaciones electorales que fueron sus bastiones –AMLO ha sido el candidato más votado en el Estado de México–. De ser la primera fuerza política en el Congreso de la Unión, pasará a ocupar un discreto tercer lugar al inicio de la LXIV Legislatura. Por su parte, el PRD, perdió la capital del país y estuvo muy cerca de perder también su registro; el PAN se mantendrá como la segunda fuerza política en ambas cámaras del Congreso, pero su representación como oposición será moderada.
Este reacomodo de la escena política en la que Morena se presenta como la primera fuerza a nivel nacional, es sinónimo del hartazgo de la ciudadanía de los partidos de derecha y de los partidos de la “izquierda” pactista. Por su puesto que se debe celebrar el triunfo, pero también es motivo de reflexión acerca la demanda social a quienes trabajamos en este proyecto alternativo.
Sin duda estamos frente a un gran reto; mucha expectativa de parte de una sociedad reflexiva y crítica, que ha dado muestras importantes de madurez democrática y que estará al pendiente de las acciones del próximo gobierno, al que le otorgó todas las facilidades para hacer los cambios urgentes que el país necesita.
Y aunque Andrés Manuel López Obrador recibirá la conducción del país en medio de una grave crisis sistémica, ello no será obstáculo para que dé una sacudida al régimen de privilegios. Aún no toma protesta como Presidente de la República y su línea discursiva no ha variado: ha refrendado sus propuestas y compromisos de adelgazar al gobierno; combatir la corrupción, sin excepción, y recuperar la tranquilidad social, disminuyendo la desigualdad y promoviendo el desarrollo. Hay confianza y esperanza en que la cuarta transformación de la vida pública del país está en marcha.
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