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Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Por: Juan Carlos Girón Enriquez
Una ley tan prometida por el presidente electo, que deja mucho que desear, no por su objeto, sino por dejar en evidencia la falta de técnica legislativa del nuevo Congreso de la Unión.
Mucho se habla de que era importante la reelección de los legisladores, porque eso permitiría la profesionalización y con ello el sistema jurídico de nuestro país se iría perfeccionando, sin embargo, esta ley ha dejado entrever que eso no necesariamente es cierto.
Un cuerpo normativo que utiliza conceptos como salario mínimo cuando éste ya no es la unidad de medida para las multas o penalizaciones, o que habla del Distrito Federal, cuando ya tampoco se le denomina así a la cede de los poderes de la Unión.
No se trata de criticar el objeto de la ley, que en si también tiene mucho que criticársele, porque la austeridad no se dará por decreto de ley sino por verdaderas acciones encaminadas a que el salario corresponda al trabajo que se realiza y no solo por venganza o supuestos actos de control. Pero de lo que si se trata y en lo que debemos poner especial atención es en quienes y bajo que criterios aprobaron esta ley que dista mucho de ser un cuerpo normativo actualizado, con miras a establecer un verdadero control presupuestal de la remuneración de los servidores públicos.
En el mejor de los casos puede ser simplemente una evidencia de la falta de conocimiento de los legisladores en relación al trabajo que realizan, pero en un escenario un poco mas maquiavélico pareciera que están abriendo una puerta para que se puedan amparar o dejar sin efectos esa ley, no sería la primera vez que alguno de esos diputados hace algo así.
Será acaso que están pensando en la posibilidad del Amparo, o en una acción de inconstitucionalidad ante la que puedan decir que ellos, los diputados tenían toda la intención de reducir los salarios exorbitantes de los funcionarios pero fue en Poder Judicial quien no los dejó y esa sea la justificación para promover una reforma judicial que limite las funciones del poder judicial.
No quisiera pensar mal, pero es una manera muy burda, no solo de no cumplir una promesa de campaña, haciendo la ficción de si cumplir, pero también de aprovechar la euforia para que se invadan las esferas de autonomía entre los Poderes del a Unión.
Pareciera que el doble discurso es cada vez mas evidente, por un lado, atentar contra la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial y por otro, seguir alimentando el odio y el rencor popular que mal administrado se puede convertir en un arma de doble filo.
No se trata de llegar al poder y destruir instituciones que tantos años nos ha llevado construir y consolidar, sino de tomar lo que no sirve y cambiarlo así como potencializar aquello que ha dado resultado; la base esta en la construcción, en la consolidación, una transformación no es necesariamente destruir y reconstruir, mucho menos cuando en algunas instituciones hay bases sólidas que pueden ser aprovechadas.
Cierto es que una revolución implica cambio, pero la reversa también es cambio y no todos los cambios son buenos, por lo que habrá que valorar hasta que punto un tope en las remuneraciones de los servidores públicos es solo la fachada de una transformación que pone en riesgo la estabilidad de las instituciones democráticas en nuestro país así como la división de poderes.

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