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Por Martha Chapa

Estoy muy de acuerdo con las nuevas medidas que se están adoptando en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México para el control de emisiones tóxicas, pues ya resultaba urgente poner en marcha acciones destinadas a detener los elevados índices de contaminación ambiental, pero… debo confesar que también me asaltan preocupaciones con respecto a la instrumentación y alcances de estos procedimientos que entraron en vigor el viernes primero de julio.

Me inquieta mucho el que de verdad los nuevos estándares para verificar sean los idóneos, y sobre todo me causa desazón la operación de los verificentros, esos sitios que tendrían que ser un filtro estricto para dejar fuera de circulación los vehículos más contaminantes, pero que –debemos admitirlo– han abdicado de su función e históricamente se han convertido en guaridas de corrupción y componendas.

Ya supimos, por ejemplo, que hay automóviles nuevos que están siendo rechazados porque, dicen las autoridades capitalinas, no tienen activado el sistema de lectura –llamado sistema OBD (sistema de diagnóstico a bordo)–, por lo que sus dueños están obligados a acudir a las agencias donde compraron sus vehículos para que habiliten tal mecanismo. Por supuesto, los propietarios de los autos rechazados a pesar de ser nuevos están indignados porque consideran que las autoridades no previeron esta circunstancia y quizá tampoco otras que pudieran sobrevenir.

El caos que hemos observado en los primeros días de funcionamiento de este sistema nos permite ver, sin lugar a dudas, que urge afinar bien los nuevos mecanismos. El jueves 7 de julio, una semana después de iniciado el nuevo programa, solamente cuatro de los 67 verificentros de la Ciudad de México estaban funcionando. El resto habían sido clausurados por la Procuraduría Federal del Medio Ambiente o de plano habían optado por cerrar al darse cuenta de que no reunían los requisitos para trabajar con las nuevas normas. Por eso no extraña que se hable de improvisación y falta de comunicación entre las autoridades federales y las de la Ciudad de México. Y, claro, a final de cuentas los que resultamos perjudicados somos los ciudadanos.

Esto nos pone a pensar que conforme avancen las semanas correremos el riesgo de que los centros de verificación se congestionen y se genere un caos por la tramitología impuesta para la verificación, lo que, sabemos, es una puerta hacia la corrupción, como ha ocurrido en el pasado.

Algo que me parece igual de preocupante es el caos vial que padecimos el pasado fin de semana, después de que se terminó el doble Hoy no circula. Volvimos de la noche a la mañana a la situación que teníamos hace unas semanas, antes de la crisis de contingencias ambientales que obligó a tomar medidas radicales. Este cambio, si bien ya estaba anunciado, generó mayor contaminación porque tal cantidad de vehículos de nuevo en circulación inevitablemente provoca lentitud en el tránsito, con las consecuentes pérdidas en tiempo y recursos de los capitalinos –tengan o no vehículos particulares–, lo mismo en el ámbito laboral que en los campos personal y familiar.

Formo parte de la ciudadanía que ya tenía organizado su tiempo dentro del esquema del Hoy no circula reforzado y supongo que así ocurría con la mayor parte de los ciudadanos conscientes de que tenemos que solidarizarnos para resolver en conjunto los problemas del espacio que habitamos y en el cual nos desenvolvemos. Por eso me pregunto si fue pertinente liberar el tránsito sin ton ni son en la Ciudad de México. Me cuestiono también si de verdad las autoridades federales en materia ambiental tomaron en cuenta todos los factores necesarios antes de abrir de nuevo la circulación para todos los automóviles. ¿Habrán previsto medidas para que evitemos no sólo caer en los mismos problemas que ya teníamos, sino que éstos se acentúen y nos lleven luego a mayores sacrificios?

Estamos a tiempo para repensar el sistema y aplicarlo tanto en la Ciudad de México como en las entidades circunvecinas. Hay que hacerlo no sólo pensando en disminuir las emisiones contaminantes de los vehículos, que sin duda es una prioridad del más alto nivel, sino en otras medidas indispensables, como es mejorar el sistema de transporte público tan deficiente que tenemos en nuestra ciudad.

De igual manera, es imprescindible que las acciones no se queden sólo a nivel de los ciudadanos, sino que se establezca –y se practique en los hechos– un control estricto del transporte de carga, así como de los vehículos oficiales, los cuales vemos circular por nuestras calles contaminando por doquier.

Se debe tratar, a fin de cuentas, de un programa integral que en verdad atienda todos los factores inherentes al medio ambiente, al transporte, a la salud pública y a la funcionalidad de la ciudad. Así sí nos comprometeremos con todo gusto.

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