Ivonne Aracelly Ortega Pacheco
MIGRACIÓN INFANTIL Y DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
En los últimos meses, la frontera norte de nuestro país, en particular Tijuana, ha sido testigo de un problema migratorio que escala cada día a niveles preocupantes.
Se trata del hacinamiento de miles de personas provenientes en su mayoría de Haití, quienes desde 2010 han salido de su país después de la catástrofe humanitaria ocasionada por un sismo de gran magnitud.
Diariamente, cientos de personas nativas de Haití y de la República Democrática del Congo llegan a ese punto fronterizo intentando cruzar a los Estados Unidos. Miles de ellas, hombres, mujeres, ancianos, niños, permanecen varados, con toda la problemática social que esto entraña. El gobierno federal ha ofrecido recursos y políticas para atender la situación, pues familias enteras necesitan alimentación y espacios dignos para permanecer mientras su estatus migratorio se aclara.
Pero este problema, que ya alcanza la categoría de crisis, no es el único. Entre los miles de migrantes haitianos y congoleños hay niñas y niños, que requieren atención médica, educativa y recreación, y los derechos que las leyes mexicanas les garantizan.
Y existen más grupos de niñas y niños migrantes en nuestro país, tanto mexicanos como de otras nacionalidades.
De acuerdo con los reportes de instancias oficiales y de agrupaciones altruistas, las condiciones en los centros de detención para migrantes lesionan tanto sus derechos humanos como los que les corresponden por ser infantes.
En esos lugares, más cercanos al concepto de prisión que al de albergue, permanecen niñas y niños cuyo única falta ha sido la de aspirar a mejores condiciones de vida o reunirse con sus padres o familiares, que han pasado por la frontera mayormente de forma ilegal.
Con la intención de poner freno a esa situación, en noviembre del 2015 presenté una iniciativa para armonizar la Ley de Migración y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de romper el círculo vicioso e inercias entre ambos ordenamientos, y garantizarles los derechos que nuestras leyes tutelan y que actualmente no se cumplen.
Sin embargo, después de que la iniciativa fue aprobada en comisiones, con el respaldo de agrupaciones de protección a migrantes, no ha sido llevada al pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación, lo que implica que las condiciones de los menores migrantes se han mantenido en la misma situación.
Hace unos días, la CNDH expresó una serie de recomendaciones para atender de manera urgente las necesidades de alojamiento y protección de estas niñas y niños.
Y mientras el problema hace crisis, la iniciativa que atiende el aspecto legal del problema y precisa el involucramiento de instancias de atención social, duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados a la espera de que la Mesa Directiva se digne a ponerla a la consideración del Pleno.
Un tema que debiera ser urgente.
Legisladora Federal
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