Nueva ley a la vista
Martha Chapa Benavides
Por fin, el ámbito cultural en nuestro país contará con un sustento jurídico más adecuado y preciso: a fines de abril, a punto de concluir el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, se aprobó la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, un ordenamiento legal sin precedente en México.
En esta muy esperada ley se establecen los mecanismos para el ejercicio de los derechos culturales; las bases de coordinación entre la federación, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México en la materia, y la participación del sector social.
Ahora será más viable que se concrete en los hechos lo dispuesto en el artículo 4 de nuestra carta magna, que estipula: “Toda persona tiene el derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales”. Ahora, este derecho constitucional establecido en 2009 tendrá una mayor expresión, dimensión y compromiso ante la sociedad, tras ocho años de ser tan sólo una formulación de orden general; un derecho muy relevante, pero sin concreción alguna.
Queda claro también que la nueva ley es perfectible, ya que se excluyeron de ella diversos temas, además de que en la discusión hubo voces de varios legisladores de la oposición y analistas que señalaron varias omisiones o disposiciones que generan inquietud.
La nueva ley de cultura, si bien pretendió abarcar las cinco iniciativas que se habían presentado en ambas cámaras tras dos años de trabajo legislativo, foros y consultas, no recogió plenamente la riqueza del documento conclusivo del Consejo Redactor que se integró hace unos meses: de 100 artículos que estaban previstos, quedaron 42, es decir, menos de la mitad. Además, hubo aspectos que quedaron fuera o resultan ambiguos.
Por ello, se externaron preocupaciones, especialmente por parte de legisladores de Morena, en el sentido de que se busca la privatización de la cultura y la simulación de los presupuestos asignados al ramo, y se desconocen los derechos del personal sindicalizado.
Así que habrá que seguir muy atentos la aplicación de esta ley, y pugnar porque a la cultura se le destine el tan anhelado 1% del producto interno bruto nacional, como lo recomienda la Unesco, meta que hasta ahora no hemos logrado.
Otro aspecto que en lo personal siempre me ha preocupado es la desprotección social del gremio de creadores, y veo con tristeza que hasta la fecha todavía no hay respuestas claras, alternativas viables y, menos aún, hechos concretos.
Desde luego, corresponderá a la Secretaria de Cultura ser ejemplo cotidiano del cabal cumplimiento de esta flamante ley –la cual, de hecho, no ha entrado en vigor, pues aún no se ha publicado en el Diario Oficial–, así como desarrollar el reglamento respectivo.
La Ley General de Cultura y Derechos Culturales, en todo caso, representa avances y posibilidades de que se impulse un mejor desempeño de este ámbito en el mediano plazo. Los sectores involucrados deben conocerla y ejercerla a fondo para bien de la creación, promoción y difusión de la cultura en México.
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