Políticas Públicas y Derechos Humanos.
Por: Jenny González Arenas
Ya en anteriores entregas hemos mencionado que los Derechos Humanos es una tarea pendiente para el gobierno entrante, la lista de las tareas pendientes del presente gobierno y de las deudas con la sociedad se pueden enumerar ampliamente, pero señalarlas no las hace automáticamente protegidas, sino que para cada uno de esos derechos, con sus matices, es necesario hacer propuestas concretar que permitan lograr la efectiva protección de los derechos.
Es ahí donde cobran vital importancia las políticas públicas, que son el conjunto de estrategias implementadas por el Estado para lograr sus metas. Para la implementación de las políticas públicas se requiere de la construcción de un andamiaje institucional que permita a la ciudadanía y a los operadores estatales el sentar las bases y precedentes necesarios para la correcta aplicación y desarrollo de dichas políticas.
No se trata pues, solamente, de tener ideas, sino de trazar un camino para que esas ideas puedan irse desarrollando de manera efectiva para ir concretizando sus objetivos.
Todo esta entrelazado, si tenemos un objetivo hay que trazar un camino, si ese camino debe ser seguido, no solo por los agentes estatales, también por la población objeto y que tanto las instituciones como las políticas públicas tengan un marco legal e institucional para guiar el camino y para legalizar el objetivo.
Ahora si podemos comenzar a hacer nuestra larga lista de pendientes en materia de derechos humanos, a la par que identificamos a las autoridades responsables de su tutela efectiva, diseñamos una estrategia para hacer efectivo el derecho, siempre y cuando hayamos revisado ya tanto el marco jurídico como institucional para verificar las funciones de nuestras estrategias, en caso de que no estén en las funciones o no se encuentren en el marco legal es necesario promover, con la ayuda del poder legislativo la modificación del cuerpo normativo y ante la autoridad ejecutiva la adecuación del marco institucional, cabe resaltar que estas modificaciones servirán de base no solo para la adecuación del andamiaje institucional y legal, si no que serán el espacio de discusión con la participación social que permitirá abrir foros para que la población pueda manifestar sus preocupaciones y propuestas.
Una vez realizadas las adecuaciones podemos dar el siguiente paso, tomando en cuenta las opiniones de la sociedad, afectada y especializada, se perfecciona el diseño de la política pública, para tener experiencias suficientes sobre la viabilidad de dichas políticas.
No es una tarea sencilla, pero alguien la tiene que hacer, esperemos que sea el nuevo gobierno, ese nuevo gobierno que manifestó tener una deuda pendiente con la población en casos como el de Ayotzinapa o Tlatlaya, esta próxima administración federal que pretende dar marcha atrás a la reforma educativa por resultar violatoria a derechos humanos, este nuevo gobierno que pretende generalizar una amnistía a manera de justicia transicional o que buscará mejorar las condiciones de salud pública atendiendo temas y regiones desatendidas.
No se trata solo de temas de avanzada como la comunidad LGTTTBI, o el del acceso a internet para todos, también se trata de fortalecer los derechos de los niños, de las mujeres, de los adultos mayores, los indígenas, los afro descendientes o las personas con discapacidad, ninguno es menos o mas importante que la inseguridad, pero todos van, según nuestra perspectiva, de la mano.
No es cuestión de improvisación, al contrario, se requiere un profundo conocimiento de la legislación, de las instituciones y de los derechos humanos que pretenden efectivizar para que los diseños de políticas publicas sean óptimos para lograr la meta planteada.
