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Un sistema nacional anticorrupción que nació muerto

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Un sistema nacional anticorrupción que nació muerto

 En las últimas semanas hemos sido bombardeados con información sobre escandalosos actos de corrupción en la política, hecho que reaviva la discusión acerca de la ineficacia del Sistema Nacional Anticorrupción que, dados sus imperceptibles resultados, vale decir, nació muerto.

Cualquiera que consulte la página electrónica del SNA es recibido con la siguiente leyenda: “El Sistema Nacional Anticorrupción coordina a actores sociales y autoridades de los distintos órdenes de gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción”. Un eslogan bastante revelador de la génesis del problema. ¿Por qué toda esta estructura pública para combatir la corrupción, con todos sus recursos materiales y humanos, no da resultados? Una pregunta retórica, pues cómo podría hacerlo si quien lucha contra la corrupción es el mismo sistema administrativo infestado por esta plaga.

No conocemos un sólo ejemplo en la historia de nuestro país que merezca la pena resaltar en el que las autoridades competentes hayan aplicado la ley con rigor a una persona por un caso de corrupción. Cualquiera podría pensar en Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo, pero dada la intervención del sistema de justicia norteamericano, eso no cuenta.

Pese a las notorias evidencias únicamente se investiga, y eso de vez en cuando, a empleados públicos de tercer nivel, en tanto que el desempeño de gobernadores, senadores, diputados o presidentes municipales es, a ojos de las autoridades, tan prístino como un diamante, aunque para nosotros los ciudadanos sea tan confiable como beber agua de la zacatecana.

Es insostenible el derroche de recursos destinados a la simulación y legitimación de un sistema de gobierno tan deshonesto como impúdico que lacera enormemente la economía de nuestro de por sí lastimado país, mermando cada vez más las posibilidades de bienestar social de la población, exponiéndonos ante el juicio internacional como una nación de ladrones y criminales, como injuriosamente nos ha calificado Donald Trump.

Para no desentonar, Zacatecas se sumó recientemente a la lista negra de corrupción pública con la “nómina secreta” de Miguel Alonso, misma que ha intentado sin éxito ser rebatida por más de uno, como el actual secretario de finanzas, Jorge Miranda, quien declaró que no era secreta, como si eso le restara deshonra al asunto. Al contrario, ello sólo amplía el rango de sospecha pública a personas y autoridades. Como ejemplos, la Legislatura y la Auditoría Pública del Estado. Es cuestionable que tanto la primera apruebe un presupuesto engañoso y que a la última no encuentre tales fallas.

Será el juicio de la historia el único que logre algo de mella en tan repudiados personajes.