Su delito: ser niño.
Por: Jenny González Arenas.
La ola de inseguridad que aqueja el país desde ya hace varios lustros ha cobrado la vida de miles de personas, a muchos los sabemos muertos, otros tantos, simple y sencillamente han desaparecido.
Entre la delincuencia organizada, la descomposición social y la ineficacia de las autoridades para mitigar la violencia, es imposible tapar el sol con un dedo y pensar que esto esta a punto de cambiar.
No se trata de contradecir las cifras oficiales que presenta el presidente en su conferencia mañanera, sino de contrastar sus otros datos con los que se están presentando de manera cotidiana en los diferentes medios de comunicación a lo largo y ancho del país.
Desde los niños de la familia Le Barón, muertos a manos de un comando armado en el desierto de Sonora hasta los niños acribillados en un local de videojuegos en Uruapan, es evidente que la inseguridad no conoce ni sexo ni edad ni estrato social.
Ningún niño debería morir de esa manera, no se puede permitir que un proyecto de vida se trunque de forma tan violenta a tan corta edad. El Estado no puede permitir que ésta sea la forma en la que los niños mueran en nuestro país.
Por otro lado, la indefensión en la que se encuentran los niños y niñas en México los hace víctimas, no solo de violencia, también de falta de los medios necesarios para su sano desarrollo, como son los alimentos y los medicamentos. Centrándonos un poco en el tema de la atención médica, la falta de fármacos necesarios para el tratamiento de pacientes infantiles con cáncer ha sido uno de los temas más sentidos por la sociedad mexicana.
No es justo que un niño sufra la inseguridad y sea víctima de la delincuencia organizada, pero menos justo es que los niños tengan que sufrir la enfermedad que padecen y que ésta se agudice por la falta de medicamentos que, originalmente, el Estado debería garantizar.
Muchos podrán hablar de las mafias de las empresas farmacéuticas, pero pocos podrán sostener que acabar con ese supuesto fraude es justificación suficiente para privar a los niños del medicamento que tanto necesitan para salir de su enfermedad y continuar su proyecto de vida.
Cuando se presenta una colisión entre derechos y se hace necesario el elegir uno sobre el otro, siempre se tiene que ponderar el que cause la menor lesión posible y que la alternativa de solución sea la solución que menos vulnere el derecho o la única solución viable. Pensar que el suspender medicamentos para tratar el cáncer infantil es la mejor solución viable o la única solución para acabar con la corrupción de las compañías farmacéuticas y los servicios de salud es tener una visión muy poco clara de lo que implica gobernar y atender las necesidades sociales.
La infancia y sus derechos se han ido fortaleciendo a lo largo del tiempo porque son un grupo altamente vulnerable, requieren la atención de su familia, de la sociedad y del Estado en su conjunto. El objetivo de este grupo de derechos es que las futuras generaciones alcancen su desarrollo pleno, explotando al máximo sus potencialidades, porque en ellos esta el futuro del país.
Desafortunadamente, las políticas públicas que ahora predominan pareciera ser que van en detrimento, no solo del proyecto de vida de la población infantil, sino de su vida en si misma, porque la violencia de la que están siendo víctimas y la falta de medicamento para atender sus enfermedades no solo los están menoscabando en el ejercicio de sus derechos, sino que los están matando.
