Un pluralismo político real en México
Dr. Ricardo Monreal A.
Actualmente, nuestro sistema democrático se fortalece mediante el pluripartidismo político, es decir, en México existe una variedad de opciones ideológico-políticas de las cuales la ciudadanía forma parte, y que representan la miríada de intereses, inquietudes o necesidades del caleidoscopio social.
El pluripartidismo es un elemento importante para un sano ejercicio de la democracia, pues permite que los canales de participación ciudadana sean depurados, institucionalizando el involucramiento, la cooperación e incluso el disenso, tanto en la conformación de la agenda pública, como en el seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno.
Sin embargo, el camino para llegar a la pluralidad política en México fue largo y accidentado. Hay que reconocer a quienes incluso inmolaron su vida para que nuestro país transitara por vías cada vez más democráticas; no se podría entender la actual situación política sin la referencia de movimientos sociales, como el de los ferrocarrileros y el de los médicos, en los sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz, o el estudiantil, ocurrido en el emblemático año de 1968. La búsqueda por la democratización de la vida pública nacional ha sido una constante en la sociedad mexicana a lo largo de su historia.
El corporativismo que se consolidó al institucionalizarse la Revolución permitió que actores políticos de gran relevancia, como los sindicatos y las organizaciones campesinas, funcionaran como satélites del otrora partido político oficial. Ello se tradujo en el fortalecimiento de una élite partidista, la cual repartía o asignaba todos los puestos públicos de elección popular, mientras que el presidente de la República fungía al mismo tiempo como líder máximo del partido.
Por la configuración política que se dio durante varias décadas del siglo XX, México vivió un sistema de partido único hasta finales de esa centuria, ya que sistemáticamente todas las organizaciones políticas de oposición, particularmente las de izquierda, fueron perseguidas por su carácter disidente; muchas de las demandas de estos grupos giraban en torno a la manera como se llevaba la administración pública, siempre al amparo de favoritismos y clientelismos; lastres que se arraigaron profundamente en la cultura política nacional.
En México se dio un cambio importante con la reforma política de 1977. La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales fue un parteaguas en la cimentación de un auténtico sistema democrático en México. Por primera vez, la oposición, que había estado proscrita del panorama de la competencia política, se pudo organizar de manera institucional para poder competir en los procesos electorales para la asignación de puestos de elección popular y, en un hecho histórico, en la LI Legislatura del Congreso de la Unión se integraron los primeros grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados.
Las diferentes adiciones y reformas políticas posteriores fueron pavimentando el camino para robustecer el sistema de partidos en México, presentando resultados ostensibles hasta 1997, año en que la Cámara de Diputados federal dejó de tener un grupo parlamentario con mayoría absoluta; tal situación se replicaría en el Senado de la República y prevalecería un Congreso dividido durante los siguientes veintiún años.
Lo anterior permitió que el quehacer legislativo fuera tomando otros matices, alejados de lo que ocurría anteriormente con el modelo de partido único, en el cual el Congreso de la Unión sólo funcionaba como un apéndice de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y no como un auténtico mecanismo de contrapeso, que supone la división de poderes estipulada en nuestra Carta Magna.
Las negociaciones entre el grupo parlamentario del partido político al cual pertenecía el presidente, y la oposición en ambas Cámaras del Congreso de la Unión se volvieron cada vez más frecuentes; en ocasiones, las propuestas del Ejecutivo federal para impulsar su proyecto de gobierno fueron avaladas por consenso en el Poder Legislativo, pero en otras, sus pretensiones fueron frenadas.
La firma del “Pacto por México” —acuerdo de inicios del sexenio anterior entre los dirigentes de las tres fuerzas políticas más importantes en el Congreso, con el entonces presidente de la República— auguró la posibilidad de que en nuestro país se introdujera un mecanismo que garantizara la gobernabilidad, conocido como gobierno de coalición, el cual, en el planteamiento teórico, propone urdir los proyectos de las principales fuerzas políticas con las propuestas del presidente, con base en el consenso y las coincidencias; este modelo es aplicado actualmente en algunos países del mundo.
El modelo de gobiernos de coalición es viable cuando el presidente no cuenta con la mayoría en el Congreso, lo cual obtaculizaría su proyecto de gobierno. Sin embargo, en julio de 2018, los mexicanos apostaron por un proyecto alterno: así, el actual presidente de la República cuenta con el apoyo generalizado del Congreso para echar a andar la agenda pública que por años ha ansiado la sociedad.
En el Senado de la República actualmente se está impulsando una agenda de trabajo legislativo incluyente. No por el hecho de que el Movimiento Regeneración Nacional y los grupos parlamentarios de los partidos políticos de la coalición Juntos Haremos Historia sean mayoría se deben obviar las posturas o aportaciones de los grupos parlamentarios de oposición; la mayoría en el Senado tampoco significa que lo enviado por el presidente se vaya a someter a votación sin un ejercicio de análisis y revisión profunda, que garantice la escucha activa de todos los actores políticos, académicos, o de la sociedad civil.
Costó mucho tiempo, vidas y trabajo que en México se diera la apertura política; no se puede aspirar a concretar un ejercicio democrático real en el país, si primeramente no se apuntalan la tolerancia y la inclusión de todos los involucrados en el trabajo legislativo que se realiza en el Congreso.
Existe la voluntad para llegar a consensos importantes, como el acaecido en días pasados, respecto de la aprobación unánime del proyecto de decreto que reforma la Constitución en materia de Guardia Nacional. Apuntalar aún más el pluralismo político es parte de la misión histórica que conlleva iniciar una cuarta transformación pacífica en México.
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